Profesores de colegios, institutos y universidades de toda España unirán sus fuerzas con policías nacionales, funcionarios de prisiones y de la Agencia Tributaria para defender la vigencia del modelo de asistencia médica Muface. Un grupo de nueve sindicatos y asociaciones de empleados públicos han convocado movilizaciones el 11 de diciembre con la intención de presionar al Gobierno para que acelere al máximo la firma de un nuevo convenio con las aseguradoras que hasta ahora ofrecían esta prestación sanitaria. El sistema quedó en el aire el 5 de noviembre cuando Adeslas, Asisa y DKV anunciaron que no acudirían al concierto para 2025-2026, dejando en el limbo la asistencia médica de 1,5 millones de empleados públicos y sus familiares.
La convocatoria de las movilizaciones la han realizado las secciones sindicales de profesorado de CC OO y UGT, el sindicato independiente Anpe, dos sindicatos policiales (UFP y SUP), y otros de funcionarios de prisiones (Acaip), de la Agencia Tributaria (Siat) y de inspección educativa (Uside y Adide). Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO ha subrayado que esta “unidad de acción de empleados públicos es histórica”. Los convocantes representamos a la inmensa mayoría de funcionarios de la Administración General del Estado, de colegios y universidades, de prisiones…”, ha completado.
El encargado de leer el manifiesto común de todas las organizaciones ha sido el policía Álvaro Fernández, secretario general de UFP. “La deserción de las aseguradoras del convenio de Muface ha comprometido la asistencia sanitaria de millones de empleados públicos, por lo que pedimos tanto al Gobierno como al sector asegurador para que se pongan de acuerdo cuanto antes”, ha reclamado.
Los empleados públicos están convocados para concentrarse el 11 de diciembre por la mañana en la sede de Unespa, la patronal de las aseguradoras. Y por la tarde en la sede central de Muface. Portavoces de varios sindicatos han cargado contra el papel de las compañías de seguros. Francisco García (CC OO) ha asegurado que “deploran” la actitud de las dos aseguradoras que han enviado cartas a los mutualistas advirtiéndoles que se quedarán sin asistencia el 31 de enero: “Nos están utilizando como rehenes en su batalla contra el Gobierno. Les pedimos responsabilidad y decoro. Llevan años lucrándose de los convenios de Muface”. Maribel Loranca, de UGT Servicios Públicos, subraya que “la sanidad de los servidores públicos no puede ser solo una cuestión de cuenta de resultados, no puede estar sujeta solo al libre mercado”.
Muface gestiona ahora el seguro de salud de 1,5 millones de personas: todos son empleados públicos —en activo y jubilados— o familiares de estos. Engloba a funcionarios que trabajan en los ministerios de la Administración General del Estado, incluyendo los de cuerpos específicos como los diplomáticos, los inspectores de Hacienda y de Trabajo, o la Policía Nacional. También cubre a trabajadores públicos de comunidades autónomas, sobre todo a docentes de educación primaria, secundaria y universitaria. Todos estos colectivos llevan pendientes desde el 2 de octubre de qué pasaba con el concierto. Ese día, las aseguradoras que actualmente se encargan de la prestación se marcharon de una reunión con el Ministerio de Función Pública por discrepancias económicas respecto al nuevo concierto.
El Gobierno ha llegado a proponer una subida del 17% en las primas que cobran las aseguradoras por prestar atención sanitaria a los mutualistas de Muface, pero las aseguradoras consideran que el incremento es insuficiente. Aseguran que en los últimos tres años de concierto han perdido 600 millones de euros, por la infrafinanciación del modelo. El convenio actual vence el 31 de diciembre, aunque las compañías implicadas tienen la obligación de seguir dando servicio hasta el 31 de enero de 2025. Función Pública ha convocado una licitación exprés para tratar de salvar el modelo. También ha amenazado a las aseguradoras con aplicar una prórroga forzosa hasta octubre de 2025 si el concierto vuelve a quedar desierto.
El malestar dentro de los funcionarios es creciente. Álvaro Fernández, el policía de la UFP, explica que “la carta que mandaron Adesla y DKV anunciando a los mutualistas que desde el 31 de enero dejarían de prestar servicio ha creado mucho nerviosismo entre los compañeros de la Policía Nacional”.