La comunidad universitaria de los campus públicos madrileños ―compuesta por profesores, estudiantes y personal de servicios― ha respaldado este jueves sin fisuras la llamada de auxilio de los seis rectores (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III), que no disponen de fondos suficientes para elaborar unos nuevos presupuestos, y ha respaldado en bloque una carta abierta muy dura dirigida a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ―adelantada por este diario el martes y en la que aseguran que no pueden “garantizar un servicio público de calidad”― y un comunicado consensuado. Ayuso se reunirá con ellos el próximo martes y el siguiente jueves es el último debate de los presupuestos, que pueden ser modificados.
En la Complutense no se ha llegado a votar porque todas las intervenciones han sido de apoyo y se ha interpretado que el respaldo era unánime. Su rector, Joaquín Goyache, ha calificado el momento de “histórico y solemne”, por ser la primera vez que las seis universidades celebran consejos de gobiernos simultáneos con un documento común, según una fuente presente en el consejo de Gobierno.
Este es un salto cualitativo en la escalada de tensión entre los rectores, que van a ver subir su partida regional un 0,9% ―con el que no cubren ni la subida salarial―, y el Ejecutivo de Ayuso, que públicamente les desprecia, en especial a la Complutense, en el foco por el caso Begoña Gómez. “Nuestras universidades públicas son espacios privilegiados para el debate de ideas y modelos, lugares de convivencia, pluralidad, tolerancia y diálogo. Siempre lo han sido y seguirán siéndolo. No son, de ninguna manera, centros de adoctrinamiento”, afirman los gestores de los campus en su comunicado.
“Mostramos nuestro rechazo a que nuestras instituciones sean instrumentalizadas en un debate partidista y simplista”, prosiguen los rectores en su comunicado. “Nuestro compromiso es con el conocimiento, la investigación, la transferencia, la cultura, la creación artística y la formación de las personas y profesionales que nuestra sociedad necesita”. En la Asamblea regional, Ayuso afirmó el 14 de noviembre: “Toda la izquierda tiene colonizada la universidad pública Complutense (…) Lo que no se puede permitir es el desprestigio de la universidad más importante de España que se tiene a sí misma”. O durante las acampadas por Gaza, sostuvo que “los movimientos internacionales de siempre por parte de la izquierda” se estaban haciendo fuertes en la vida universitaria española.
La realidad es que los rectores están muy lejos de ser unos rojos peligrosos, tienen un perfil muy moderado e institucional y una firme convicción de que hay que “proteger y fortalecer” la universidad pública. Abogan por “un pacto social renovado, que permita a la universidad seguir cumpliendo con el servicio público que le ha sido encomendado”, según su comunicado.
Los rectores, ahora con el respaldo de su comunidad, reclaman que suba “considerablemente” la partida de infraestructuras ―se contemplan 7,6 millones para los seis campus, cuando solo la Complutense dispuso de 32 en 2007―, que se elabore “de inmediato” un modelo de financiación plurianual como el que disponen casi todas las universidades públicas ―no se puede hacer previsiones a medio plazo sin saber de cuánto dinero se va a contar― y que se garantice que se baje la precariedad de las plantillas como exige la reforma universitaria y Bruselas. Son la región que peor financia por alumno (un 21% menos), cuando su renta es un 36,5% mayor que la media nacional.
“Hagan lo que hagan, están muertas”
“Mi opinión es que las universidades lo tienen muy mal, hagan lo que hagan. Creo que están muertas y en manos de la presidenta”, razona una fuente que durante años estuvo implicada en la gestión de la consejería. “Va a depender del grado de destrucción que quiera inferir la presidenta a las universidades. Por poner un símil, si quiere poner los tanques en Gaza o se conforma con un bombardeo y que ellos se gestionen el hambre”. Este experto considera que su “única salvación es que entre la CRUE [la conferencia de rectores] y tome una dimensión nacional, y que desde Génova les llamen. Porque no es un problema de dinero. Les metes a las universidades 120 millones y ellas hacen los recortes hasta los 200″. Los gestores de los campus consideran que necesitan 200 millones para “salvar los muebles”, un 18% más que el presupuesto de 2024, pero solo han conseguido que crezca un 0,9%. Los últimos años han sobrevivido con los 456,2 millones ganados en los tribunales al Gobierno de Esperanza Aguirre por incumplimiento de planes de infraestructuras.
Un buen antídoto era el plan de cofinanciación de plazas de ayudante doctor con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pero todo indica que Ayuso va a rechazar este ofrecimiento. La intención de la ministra Diana Morant era que Madrid dispusiese de 1.091 plazas: 656 sufragadas durante seis años por el Gobierno central (169,8 millones) y otras 435 por la Comunidad, con el compromiso de que después estabilizasen a todos los investigadores y asumiese el gasto esta última. “Es una extorsión que obliga a firmar un manifiesto ideológico de adhesión a las políticas de [el presidente Pedro] Sánchez”, aseguró en El Debate su consejero, Emilio Viciana, aunque luego el pasado julio simularon aceptar el “convenio trampa”. Ahora Madrid echa pestes en público, mientras el resto de gobiernos del PP firma, conscientes de que no va a presentarse otra opción como esta de repartirse 900 millones de euros, porque el ministerio no está obligado a destinar una partida, ya que las competencias universitarias son regionales.
La pasada semana Más Madrid, convencido que la comisión del caso Begoña Gómez en la Asamblea regional es “un show”, convocó a esta a los rectores de la Carlos III, Ángel Arias, y de la Autónoma, Amaya Mendikoetxea, para que tuviesen la oportunidad de hablar de la ruina de sus instituciones. “La propuesta de presupuestos actual en las universidades públicas de Madrid, y en particular de la Carlos III, compromete la actividad investigadora de una manera muy seria si se mantienen las cifras actuales”, denunció entonces Arias. Mientras Mendikoetxea relató como había tenido que recortar un programa propio de investigación de los 13 millones en 2021 a siete este curso, porque el remanente tras pagar salarios y suministros es cada vez más pequeño. Y es que reciben lo mismo, recuerdan los rectores en su carta abierta, que en 2009, cuando la inflación ha crecido un 34%. Porque, como valoran en su carta a Ayuso, “si la situación actual es crítica, en pocos años podría volverse catastrófica”, mientras se gestiona en la capital la apertura de la decimocuarta universidad privada con informes oficiales demoledores.