El próximo año más de 11 millones de pensiones subirán como mínimo un 2,8%. Esta revalorización se corresponde con la subida de la inflación media del año y se calcula tras conocer este jueves el avance del IPC del mes de noviembre: los precios subieron un 2,4% interanual, seis décimas más que el mes anterior, por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato era necesario para calcular la fórmula de revalorización de las pensiones que recoge la ley tras la reforma de 2021. En concreto, el porcentaje para actualizar las pensiones se halla determinando la inflación promedia anual entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, que tras el dato de evolución de los precios que tras el dato conocido este jueves se sitúa en el citado 2,8%. Este incremento aún no es definitivo, ya que hasta mediados de mes el INE no hará oficial el IPC de noviembre, aunque habitualmente no suele variar prácticamente nada.
La revalorización de las pensiones del 2,8% para el próximo año supondrá cerca de 600 euros más al año para los pensionistas con una prestación media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales. Este incremento beneficiará a los cerca de 9,3 millones de personas que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, además de las 720.148 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.
Así, los más de 9,3 millones de beneficiarios de pensiones de la Seguridad Social (aproximadamente un millón de ellos recibe dos pensiones) y los funcionarios que perciben 720.148 pensiones de clases pasivas verán aumentada su prestación en dicha cuantía con carácter general. Si bien, las personas que cobren pensiones mínimas y no contributivas recibirán previsiblemente un mayor incremento, que aún debe fijar el Gobierno, en cumplimiento con la última reforma de pensiones de 2023 y en virtud de la recomendación 15ª del Pacto de Toledo, que aconseja que estas prestaciones más bajas suban en mayor proporción que el resto. Así ocurrió en 2024, cuando la mayoría de las pensiones se revalorizaron un 3,8%, según el IPC, mientras que las mínimas y no contributivas subieron un 6,9%.
También en cumplimiento de la ley, el próximo año será el tercero que las pensiones se actualizan de acuerdo a la evolución de los precios para garantizar que los pensionistas nunca pierdan poder adquisitivo: en 2022 se actualizaron un 2,5%; en 2023, año de la gran crisis inflacionista subieron un 8,5% y este 2024 lo hicieron el 3,8% antes mencionado. La Seguridad Social no cifrará el coste de la revalorización hasta que no se publique el dato oficial de IPC de noviembre, pero si se tiene en cuenta que cada punto de la nómina de pensiones cuesta aproximadamente 2.000 millones de euros (200 millones por décima), la subida del 2,8% para 2025 costará casi 6.000 euros. A esta cantidad habrá que sumar los mayores incrementos de las mínimas y no contributivas, si se producen. En 2024 el coste de esta actualización, que fue del 3,8% fue de 7.300 millones de euros, solo las pensiones contributivas y superó los 8.000 millones con la subida superior de las pensiones mínimas y no contributivas.
Otros cambios en materia de pensiones
Este dato del IPC también marca cuanto subirá, en función de las últimas reformas de pensiones, la pensión máxima, que pasará de 3.174 euros al mes (en 14 pagas) a rozar los 3.300 euros mensuales. Y también cuánto se elevará la base máxima de cotización, que subirá hasta los 5.000 euros (60.000 euros anuales). Así, esta revalorización de las prestaciones no será el único cambio en materia de pensiones para 2025. El próximo año seguirán desplegándose las últimas reformas del sistema puestas en marcha desde 2011, cuando se acordó ampliar progresivamente la edad legal de jubilación hasta situarse en 67 años a partir de 2027 y se aprobaron otras medidas paramétricas para endurecer el acceso al 100% de la pensión. Reformas posteriores han endurecido también los accesos a las jubilaciones anticipadas y han incentivado el retiro de la jubilación.
En función de todas estas reformas, en 2025 la edad legal de retiro queda fijada en 66 años y 8 meses (frente a los 66 años y 6 meses de 2024) para aquellos que tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados. Quienes tengan más años de cotización podrán jubilarse a los 65 años.
Entre las cosas que no variarán en 2025 está el número mínimo de años que se exigen para tener derecho a una pensión pública, que seguirá siendo 15 años (dos de ellos en los 15 años previos a la fecha de la jubilación). Con 15 años cotizados se accederá al 50% de la base reguladora, mientras que para tener derecho al 100% de dicha base, se seguirán requiriendo los mismos años 2024, ya que será necesario haber cotizado al menos 36 años y 6 meses. A partir de 2027 serán necesarios 37 años cotizados para acceder al 100% de la base reguladora. Igualmente, para calcular la base reguladora se tendrán en cuenta los 25 años de cotización anteriores al momento del retiro.
Un año más tarde, a partir de 2026, entrará en vigor progresivamente el nuevo método de cálculo de la base reguladora, en el que se elegirá, entre dos opciones (25 últimos años cotizados o bien 29 años quitando los dos peores años), la mejor opción para el trabajador.
La base máxima rozará los 5.000 euros al mes
No obstante, seguirán desplegándose las reformas en el lado de los ingresos, con nuevas subidas de cotizaciones sociales. En 2025 volverá a aumentar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que empezó a aplicarse en 2023 y que pasará del 0,7% de la base reguladora cobrado en 2024 al 0,8% el próximo año (esta sobre cotización se reparte entre el empresario que costeará 0,66 y el trabajador, 0,14, que se verá detraído de su salario). Este incremento de la cotización por contingencias comunes irá aumentando una décima cada año hasta sumar 1,2% en 2029.
Asimismo, en 2025 proseguirá el destope de las bases máximas de cotización. Esto consiste en aumentar progresivamente la base salarial que se somete a cotización a la Seguridad Social y, con ello, aumentan los ingresos del sistema, ya que cada año que pasa esa base imponible aumenta. En concreto, la primera fase de la reforma de pensiones en la anterior legislatura estableció que hasta 2050, las bases máximas de cotización subirán lo mismo que el IPC promedio anual con el que se revaloricen las pensiones más una cuantía fija de 1,2 puntos. De esta forma, la base máxima de cotización de 2025 subirá previsiblemente un 4% en 2025, hasta rozar los 5.000 euros mensuales (60.000 euros al año). En 2024 esta base máxima es de 4.720,5 (56.646 anuales).
Sin embargo, las pensiones máximas a las que tienen derecho los trabajadores en la banda alta de cotización no se incrementarán en la misma proporción que sus bases. Según esta misma reforma, dichas pensiones máximas subirán, como el resto, con el IPC promedio anual, más un 0,115% anual, que se acumulará hasta el año 2050. Desde ese ejercicio y hasta 2065, las pensiones máximas deberán subir lo necesario para que en dicho año se hayan incrementado un 20%. Por su parte, en 2050 el incremento acumulado de las bases máximas de cotización supondrá que estas han crecido un 38%, 18 puntos más que las pensiones que han generado.
Además a partir del 1 de enero de 2025, la Seguridad Social empezará también a cobrar la nueva cuota de solidaridad que se aplicará en las nóminas que superen la base máxima de cotización, sobre la parte del salario que ahora no cotiza. La cuota será también progresiva y se aplicará en tres tramos. Para los sueldos que superen un 10% la base máxima, para los que excedan dicha base en un 50% y para los que la dupliquen. Esta cuota no generará derechos de pensión.