Mark Twain escribió que “una mentira puede viajar por medio mundo mientras la verdad aún se está poniendo los zapatos”. Una mentira ha dado varias veces la vuelta a España empujada por medios de comunicación cómplices. Esta anomalía ha desencadenado, con la inestimable colaboración del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo, la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por un supuesto delito de revelación de secretos consistente en desenmascarar un bulo grosero con datos de un procedimiento judicial en curso. La acción supuestamente delictiva consistió en desbaratar una mentira con información exacta que previamente habían filtrado, aunque manipulada, los autores intelectuales de la intoxicación. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, se embarcaron desde el primer momento en la fabricación de esta mentira, de la que casi nadie quiere hablar, para proteger y defender a Alberto González Amador, defraudador fiscal confeso y pareja de la dirigente popular.
El empresario Alberto González Amador es un comisionista que se enriqueció en lo peor de la pandemia con una operación de intermediación en la venta de mascarillas. Ganó en unos meses —o unos días— dos millones de euros, mucho más de lo que había conseguido en los 10 años anteriores de carrera profesional. Una operación comercial exitosa sin reproche penal posible porque en esos meses las normas de contratación no existían; habían sido derogadas por el decreto de Estado de Alarma ante la emergencia sanitaria.
La avaricia, supuestamente, pudo al comisionista, quien evitó compartir su pelotazo con la Hacienda Pública a través de los impuestos.
Durante los años 2021 y 2022, cuando González Amador ya era la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario perpetró supuestamente dos graves delitos fiscales y otro de falsedad en documento público por los que ahora está imputado en un juzgado de Madrid. El comisionista pareja de Ayuso presentó facturas falsas a nombre de una decena de empresas por casi dos millones de euros para deducirse gastos y evitar de ese modo el pago que le correspondía de 350.000 euros en impuestos.
El historial fiscal de González Amador sorprendió incluso a los inspectores que le investigaban por reiteración en el delito a través de trampas fácilmente detectables. El novio de Ayuso robó supuestamente a Hacienda con su declaración del impuesto de sociedades de 2020 y cuando la Agencia Tributaria ya le investigaba por su sospechosa declaración de ese ejercicio, volvió a robar supuestamente a Hacienda con la misma artimaña en la declaración de 2021.
En la casilla de los gastos deducibles de su primer año fraudulento (en que declaró su pelotazo de dos millones de euros por intermediar en la venta de mascarillas), incluyó como gasto deducible una factura de 620.000 euros emitida a favor de una empresa mejicana que nunca cobró esa cantidad ni ninguna otra. En su segundo año fraudulento, cuando ya sabía que le investigaba la Agencia Tributaria, incluyó un gasto inexistente de 927.000 euros a favor de una firma de Costa de Marfil. Los inspectores concluyeron que González Amador había cometido un delito continuado “en un plan preconcebido con facturas falsas y explicaciones inverosímiles e inaceptables”.
González Amador admitió su engaño al final de una inspección de casi dos años iniciada por la Agencia Tributaria e intentó repararlo pagando lo estafado antes de acabar sentado en un banquillo por graves delitos fiscales penados con cárcel. Pero su propia asesora fiscal le explicó que no era posible porque la Ley lo prohibía expresamente. El artículo 305.4 del Código Penal lo establece así: “”Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que la Administración tributaria le haya notificado el inicio de las actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias o antes de que el ministerio fiscal realice actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”. Así que, cegada la posibilidad de reparar con dinero sus engaños reiterados a Hacienda, González Amador decidió evitar la cárcel proponiendo un acuerdo de conformidad para reducir la pena a sólo ocho meses a cambio de reconocer los dos delitos —algo que ya había hecho durante la inspección fiscal— y pagando 500.000 euros.
Su pareja, Isabel Díaz Ayuso, y el jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez, pusieron en marcha una operación de propaganda para salvar al defraudador fiscal confeso. Rodríguez filtró a los medios de comunicación un correo electrónico remitido por el fiscal del caso al abogado del novio de Ayuso comunicándole que habían presentado la denuncia contra González Amador y explicándole que aunque se había denunciado a otras personas (los empresarios a los que giró facturas falsas) ese hecho no sería obstáculo para llegar a un acuerdo. En ese correo filtrado por Rodríguez, que llegó a publicar un tuit con su contenido, nada se decía sobre las condiciones del acuerdo, pero el jefe de gabinete de Ayuso explicó supuestamente a los periodistas que el pacto que ofrecía la Fiscalía consistía en que González Amador admitiera dos delitos, pagara una multa y viera así reducida su pena para no ingresar en prisión. Todos esos detalles pertenecían en realidad a otro correo electrónico, en este caso enviado por el abogado del novio de Ayuso a la fiscalía ofreciendo el acuerdo de conformidad. Como guinda de la intoxicación informativa, Rodríguez añadió que esa oferta de acuerdo de la Fiscalía había sido retirada por “órdenes de arriba”. A día de hoy, la fiscalía sigue dispuesta a aceptar el acuerdo de conformidad que propone el comisionista.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reaccionó a los ataques de Rodríguez aquel 13 de marzo de 2024 ordenando la difusión de una nota informativa en la que resumía de manera cronológica los principales hechos del proceso abierto a González Amador, entre ellos la propuesta de conformidad del novio de Ayuso para evitar la cárcel. Previamente a esa nota, algunos medios de comunicación informaron sobre el contenido del correo electrónico del 2 de febrero donde González Amador admitía dos delitos, e incluso llegaron a publicar una imagen del documento.
El Supremo ve en esa acción, la publicación del correo electrónico, un posible delito de revelación de secretos que causaría indefensión a González Amador, aunque el empresario comisionista no parece muy indefenso y mete prisa a la juez que lleva su caso para que ese acuerdo de conformidad que propuso en su día se haga efectivo con una condena rápida que le evite la entrada en prisión.
El juez del Supremo instructor del caso, Ángel Hurtado, inició la investigación con una orden de registro masivo en los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado y de la fiscal provincial de Madrid. Antes incluso de interrogar a los periodistas que publicaron la supuesta filtración del correo electrónico. Y antes incluso de citar a quienes hicieron desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid la primera filtración manipulada que impulso a la Fiscalía a desmentir un bulo aportando para ello pruebas sacadas del sumario del caso.
La presidenta madrileña Díaz Ayuso no ha trasladado públicamente en estos ocho meses ningún reproche a su pareja por los reiterados fraudes fiscales que perpetró. Díaz Ayuso ha hecho todo lo contrario: acusó al Gobierno central de perpetrar un “montaje” para perjudicarla y declaró que Hacienda debía a su pareja 600.000 euros. Su mentira viaja por España -ahora también por Corea del Sur- mientras la verdad sigue intentando ponerse los zapatos.