El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha aprobado un decreto en el que elimina el tope salarial para los nuevos miembros del Gobierno Valenciano, incorporados para trabajar en la reconstrucción del sur de la provincia de Valencia, arrasado por la dana del 29 de octubre. La ley indica que los consejeros y altos cargos de la administración autonómica, en el caso de ser funcionarios, pueden percibir el mismo sueldo de su puesto de origen, sin trienios, siempre que este no supere el 15% por encima del salario del presidente, que es de 80.173,92 euros anuales. En el decreto publicado este martes, ese límite “no será de aplicación a las personas que integran el Consell y al nivel de los órganos superiores de las consejerías”.
Mazón ha aprovechado un decreto de adopción de medidas extraordinarias para la gestión, organización y movilidad del personal empleado público, de manera que estos colaboren en la gestión de la dana, para aprobar las cláusulas que regirán los salarios de los recién incorporados al Consell de la Generalitat. Entre ellos está el teniente general retirado, Francisco Gan Pampols, para el que hace una apreciación específica. El decreto señala que quienes al incorporarse al Gobierno Valenciano “no estuviese en situación de servicio activo en la Administración, por cualquier causa, incluso por hallarse en situación de reserva o retiro”, el cálculo del sueldo para incorporarse a la administración autonómica tendrá en cuenta “la actualización de las retribuciones que hubiese tenido derecho percibir si se hubiesen mantenido en el servicio activo en el puesto de trabajo que ocupaba previamente a su situación de cese, reserva o retiro”. Es decir, Gan Pampols cobrará como si fuera un militar en activo.
Además del militar retirado, los otros tres nuevos consejeros han manifestado, desde su nombramiento, su deseo de aportar en el trabajo de reconstrucción, algo que les motivó a formar parte del Gobierno Valenciano y a no pensarse la incorporación a su nuevo puesto. El nuevo consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama es doctor en Medicina y Cirugía y catedrático de la Universitat de València en el departamento de Historia de la Ciencia y Documentación y director del grupo de Información e Investigación Social y Sanitaria (Grupo UISY). Nuria Martínez Sanchis, que se ha hecho carga de la cartera de Justicia y Función Pública, es doctora en Derecho por la Universidad Católica de Valencia, centro del que es profesora. Además, ejercía la abogacía dirigía un máster universitario en Abogacía y Procura. Marian Cano García, consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, era la presidenta ejecutiva de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL).
No es la primera vez que el Gobierno de Mazón elude el tope salarial marcado en la ley. Ya lo hizo en septiembre con el polémico director de la Agencia Antifraude, Eduardo Beut.
El decreto en el que han levantado el veto al tope salarial se centra en la posibilidad de asignar a los funcionarios, de forma temporal, tareas distintas a las habituales con el fin de que contribuyan al trabajo que requiere la gestión de las consecuencias de la dana. Con este, se pretende reforzar áreas clave de la Administración con actuaciones de carácter urgente que permitan gestionar tanto la emergencia inmediata como las posteriores fases de recuperación y vuelta a la normalidad. Para ello, las medidas se extenderán provisionalmente durante el tiempo que sea necesario para alcanzar la normalización de la prestación de los servicios públicos en los municipios afectados.
Como primera medida, el decreto plantea la agilización y acortamiento de los plazos para facilitar la prolongación voluntaria de la permanencia en el servicio activo del personal empleado público que opte por no jubilarse llegada la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación forzosa. De ese modo se promueve la posibilidad de seguir contando con profesionales que aporten su conocimiento y experiencia para afrontar las tareas de reconstrucción, según ha explicado la portavoz del Consell, Susana Camarero, al finalizar la primera reunión del nuevo Gobierno valenciano. También se establece un procedimiento de gestión de selección de personal temporal a través de las bolsas constituidas en todos los sectores de la Generalitat, sus entidades y organismos dependientes que incluya también el sanitario, el educativo y el de justicia, y que establezca la posibilidad de acudir, en su caso, a las personas demandantes de empleo inscritas en Labora.