La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, recibe a EL PAÍS para hablar de la reforma del reglamento de Extranjería que ha aprobado esta semana el Consejo de Ministros. Es su respuesta a las necesidades del mercado laboral y a las dificultades que tienen para regularizarse o renovar sus papeles cientos de miles de extranjeros que residen en España. Saiz asegura que es la reforma más ambiciosa en años y defiende una política migratoria que va “de la detección en costa a los despachos”, pero no entra al fondo de otras cuestiones, como la regularización extraordinaria de inmigrantes que debe votarse en el Congreso o el colapso del sistema de asilo. A la vez, reivindica el protagonismo de los trabajadores extranjeros en los récords de empleo de los últimos años. Saiz defiende la sostenibilidad del sistema de pensiones —“no vamos a renunciar a aumentar el gasto y también se alimentan los ingresos”— o la reforma de la incapacidad temporal —“en ningún momento hablé de bajas flexibles, todo lo contrario”—.
PREGUNTA. Acaban de aprobar una reforma con la que simplificarán los trámites a cientos de miles de inmigrantes. En general, ha tenido buena acogida, pero se sigue poniendo el foco en los que ya están aquí en situación irregular ¿Dónde están las medidas que, efectivamente, creen vías legales, ordenadas y seguras para emigrar?
RESPUESTA. A mí me duele cuando escucho decir que el Gobierno no tiene una política migratoria, cuando nuestra política va desde la detección en nuestras costas hasta los despachos. Somos muy conscientes de la foto actual de nuestro país y de que hay personas en situación irregular y aportando, y lo que hacemos con este reglamento es dar esa posibilidad de que sigan aportando, pero con derechos, con deberes, con garantías. Hemos abierto puertas que estaban cerradas en la formación, el empleo y las redes familiares, abriendo muchísimas opciones más; para que aquellas personas que quieran venir a iniciar un proyecto de vida, lo hagan con derechos. Hay muchísimos más supuestos, con la perspectiva de que en los próximos tres años haya 900.000 personas regularizadas.
P. Los discursos de odio siguen invadiendo nuestros espacios públicos, pero parece que el discurso en lo privado es otro. ¿Le han llamado empresarios, también de derechas, para pedirle medidas que les faciliten la contratación de trabajadores extranjeros?
R. Sí. Pero no solamente son los empresarios, estamos viendo las cifras que emiten diferentes organismos internacionales, que ponen de manifiesto una necesidad del orden de 250.000 trabajadores al año. Por eso, este reglamento fortalece todo lo que tiene que ver con las contrataciones en origen, con garantizar a las empresas que la persona a la que van a contratar tenga un permiso de una duración más larga, para que no caiga en irregularidad. Por eso se fortalece el combate a la explotación laboral. Somos conscientes de la realidad de nuestro mercado laboral.
P. Este discurso por parte del Gobierno de que necesitamos inmigrantes para pagar nuestras pensiones, de que necesitamos mano de obra, ¿no cree que es un enfoque demasiado utilitarista?
R. Mire, voy a ser muy clara. Este reglamento tiene un enfoque de derechos humanos y de prosperidad. Mientras trabajamos en un plan nacional de integración y convivencia intercultural, estamos escuchando a fuerzas políticas como Vox que hablan incluso de no dejar que los niños inmigrantes se sientan en las marquesinas de los autobuses.
P. Ya ha dicho en varias ocasiones que valora el debate parlamentario que se está produciendo sobre la Iniciativa Legislativa Popular para una regularización extraordinaria de extranjeros, pero ¿votará el PSOE a favor?
R. No solo es que valore el debate, es que lo considero absolutamente necesario.
P. Sí, pero hablamos del voto, del voto del partido en el Gobierno.
R. Mi deber como ministra es liderar este trabajo tan intenso que ha permitido este nuevo reglamento de Extranjería, que es un hito fundamental en la política migratoria. Me parece muy importante que haya debates como estos cuando estamos viendo a fuerzas políticas que siguen alimentando el bulo, la desinformación o que ponen en el centro a la población migrante…
P. ¿Pero no puede dar una respuesta, aunque sea un ‘no lo sé’ o ‘ya veremos, depende de cómo llegue el texto’… ? Le insisto porque es algo que preocupa a mucha gente que se quedará fuera de la reforma del reglamento.
R. Es que yo creo que es distinto. Hay una cuestión que es una iniciativa legislativa, que están trabajando unos grupos políticos y un reglamento que da seguridad jurídica, que protege, que da derechos.
P. Por supuesto que es distinto, por eso le pregunto por su voto. ¿No puede garantizar el sí del PSOE en la votación de la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria?
R. Insisto que forma parte del devenir de los grupos políticos.
P. ¿Cree que España es un país racista?
R. Creo que hay racismo, pero España no es un país racista. La sociedad española es abierta y este Gobierno tenía dos caminos para tomar: ser un país cerrado y pobre o un país abierto y próspero. Y si alguna vez hemos sido tibios, ha llegado el momento de ser contundentes contra el racismo y la xenofobia. En España, ya no basta con no ser racista, hay que ser antirracista.
P. Cuatro de cada diez empleos creados el primer semestre eran de personas extranjeras. ¿En qué medida dependen los buenos datos macroeconómicos que marca España de este grupo de trabajadores?
R. Es indudable. Estamos rompiendo barreras históricas en datos de afiliación, superando los 21,3 millones [datos de Seguridad Social Social] y estamos viendo que hay un porcentaje muy elevado de trabajadores extranjeros, un 13%. Si vemos el punch que tienen los trabajadores autónomos, el 16% son extranjeros. Hay buenos datos que dan esperanza: se está incrementando la base de cotización de los trabajadores extranjeros desde que gobierna Pedro Sánchez, en un 30%. Estamos viendo que están creciendo de manera más rápida que la población autóctona en profesiones de alto valor añadido.
P. Suelen reivindicar que crece el fondo de reserva, la hucha de las pensiones, como muestra de salud del sistema. Pero la realidad es que siguen elevando las transferencias, cada vez se pagan más las pensiones con fondos que no provienen de cotizaciones. ¿Es sostenible el sistema? ¿Están preocupados?
R. Sí es sostenible. La reforma de las pensiones se está desplegando todavía. Por supuesto que aumenta el gasto. Primero, porque se garantiza su revalorización acorde al IPC por ley. Y segundo, porque evidentemente vamos a hacer frente a la jubilación del baby boom. No se va a renunciar a incrementar el gasto en pensiones, pero también se alimenta el lado de los ingresos, con responsabilidad, y vamos a terminar el año con más de 9.300 millones en el Fondo de Reserva y la legislatura por encima de 25.000 millones. Con ese compromiso, además, de revalorizar las pensiones más vulnerables y garantizarles la seguridad. Hay países que nos están preguntando y que quieren saber cómo ha desplegado España esta reforma de pensiones, por ejemplo, como Alemania. Fuera nos miran. España está siendo un ejemplo en muchas cuestiones. También en el ámbito de las pensiones.
P. Uno de los elementos de la reforma de pensiones es el mecanismo automático por el cual, si el gasto del sistema llega a superar el 15% del PIB, hay un aumento de ingresos. Suben las cotizaciones. Con los datos que tienen en la mesa, ¿va a ser necesario a corto plazo?
R. Quiero lanzar un mensaje muy claro. Es un mecanismo de seguridad, que da certidumbre, es una salvaguarda. Se actúa con rigor. Estos mantras de que la izquierda no sabe gestionar la economía, no sabe hacer crecer al país y además crecer de manera más sostenible y reducir brechas se están demostrando falsos.
P. Por tener una respuesta concreta. ¿No vamos a necesitar entonces este instrumento a corto plazo?
R. Tranquilidad en esta cuestión. Insisto, es un mecanismo que da certidumbres. He dado el dato del Fondo de Reserva, las cifras van bien.
P. Vista la polémica que se montó a principios de octubre, ¿se arrepiente de las palabras que utilizó para hablar de incapacidad temporal?
R. Yo en ningún momento hablé de bajas flexibles, en ningún momento vinculé nada a cuestiones económicas. Todo lo contrario. La salud de los trabajadores y trabajadoras de este país es una prioridad. De lo que estamos hablando es de que, en una relación de igual a igual, del trabajador con su médico, si una reincorporación progresiva es beneficiosa para la recuperación de la salud bajo un criterio médico, se trata de poner el debate encima la mesa del diálogo social. En países de nuestro entorno ya se está regulando. Siempre con la salud como principio.
R. A los representantes de los trabajadores les asustó el planteamiento. Sabe que los empresarios están situando el absentismo como uno de los mayores problemas de este país. ¿Cree que hay más empleados que están trabajando enfermos o trabajadores sanos que se están aprovechando del sistema?
R. La salud es un principio irrenunciable. Voy a poner un ejemplo: hemos puesto en marcha una incapacidad temporal extraordinaria por la dana. Somos conscientes de que hay personas que están teniendo daños físicos y psicológicos y les hemos dado una protección, cobrando desde el primer día el 75% de la base de cotización, asimilada a la contingencia profesional. Ya llevamos casi 3.400 gestionadas en la Comunidad Valenciana y esa es una prioridad para el Gobierno. Mi deber como ministra es escuchar a la sociedad. Y hay demandas de la Asociación Española contra el Cáncer, de asociaciones de enfermedad mental, que plantean que una reincorporación progresiva puede ayudar a que las personas recuperen antes la salud.
P. ¿No le da miedo que esa posibilidad permita a los empresarios apretar a los trabajadores para que trabajen enfermos?
R. Saben que nuestro derecho laboral protege de esos abusos y esas actuaciones. Las empresas tienen que ser responsables y, si para el Gobierno es una prioridad la salud de los trabajadores, para las empresas también tiene que serlo. El Gobierno va a perseguir cualquier tipo de actuación que vaya en esa línea.
P. Los criterios de los nuevos coeficientes reductores [para acceder a la jubilación anticipada] son muy objetivos, así que ya pueden saber ocupaciones concretas en las que van a aplicar. ¿Va a aplicar a las kellys?
R. Es importante saber que los potenciales beneficiarios son todos los trabajadores que tengan un alta en la Seguridad Social. En segundo lugar, criterios objetivos, siniestralidad, accidentabilidad… Eso da una certidumbre a esas profesiones.
P. Pero, precisamente porque es algo objetivable, en el ministerio ya tienen que saber alguna de las ocupaciones que se beneficiarán. ¿Va a aplicar a las kellys?
R. Desde el momento en el que hay una situación en la que se trabaja en condiciones musculoesqueléticas complicadas, es posible que esos indicadores objetivos se den y para eso se dan estas garantías. Se abre este procedimiento para que, con los informes necesarios y con los criterios que son absolutamente objetivos, puedan, en su caso, iniciar ese procedimiento. No solamente hemos pensado en aquellos que quieran prolongar su vida laboral, para que no sea tan abrupto pasar de trabajador a pensionista, sino que no perdemos de vista a aquellos que tengan que salir antes del mercado laboral porque sus profesiones son especialmente penosas.
