Los investigadores intentaron pillar con las manos en la masa a los narcos que debían recoger el mayor alijo de droga interceptado en la historia de España —13.000 kilos de cocaína que viajaban ocultos en un contenedor intervenido en Algeciras y que se encuentra vinculado con la investigación que provocó la detención de Óscar S. G., el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apodado El Anodino que emparedó varios millones de euros en su casa—. Manuel Montesinos, subdirector de Operaciones de Vigilancia Aduanera, explica que, tras descubrir la droga, los agentes policiales y aduaneros prepararon una entrega controlada: es decir, aparentaron que la mercancía había pasado los controles sin levantar sospechas con el objetivo de que los implicados acudieran a por ella para trasladarla hasta su lugar de destino y detenerlos allí in fraganti. Sin embargo, nunca nadie acudió al puerto y la carga permaneció abandonada varios días.
El contenedor iba dirigido a Abadix Fruits, una compañía con sede en El Campello (Alicante), especializada en la importación de frutas tropicales y que llevaba activa desde 2018. Hasta hace apenas unas semanas, sus dueños (Miguel Ángel B. C. y Vilma Janet A. B., ambos de nacionalidad española), aparentaban ser una pareja de emprendedores del sector hortofrutícola, a los que les iban bien los negocios. Él figuraba como persona de contacto de la empresa y lucía en el perfil de WhatsApp del teléfono una bandera de España con un lazo negro de duelo. Ella, de origen ecuatoriano, constaba como administradora única. La hermana de Vilma Janet A. B. también formaba parte de la sociedad. Sin embargo, los dos primeros están ahora fugados de la justicia, y la tercera fue arrestada.
Todo se precipita el 14 de octubre. Es entonces cuando, tras años siguiéndoles la pista, el contenedor con los 13.000 kilos de coca se detecta en el puerto gaditano. Allí, la policía lo analizó con el sistema Medusa, un escáner que permite rastrear el interior del container y detectar mercancía sospechosa sin necesidad de abrirlos. Y, tras descubrir que en su interior alojaba algo más que bananas, se tomó la decisión de esperar a que se recogiera el cargamento, puesto que el objetivo era desmantelar la estructura criminal y no solo intervenir la droga. Comenzó así un largo impasse, que duró varios días y que acaba cuando Abadix Fruits desiste de llevárselo.
En ese momento se pega un acelerón y se activa el despliegue policial. El 24 de octubre, 10 días después de que el contenedor se interceptara en Algeciras, la policía entró en casa de la hermana de Vilma, socia de Abadix, que vivía en un piso compartido en Illescas (Toledo). La orden de entrada y registro solo estaba autorizada para la habitación de la investigada, por lo que la policía no pudo llevarse nada de las zonas comunes de la vivienda. Para entonces, su hermana y su cuñado, el matrimonio dueño de la empresa de frutas, ya había escapado y fue imposible localizarlos en su propiedad. Todavía hoy permanecen huidos y sobre ellos pesa una orden de busca y captura. Además, los investigadores tienen sobre la mesa la pregunta de si alguien les dio el chivatazo.
El Juzgado de Instrucción 3 de la Algeciras asumió en un primer momento la investigación sobre los 13.000 kilos de cocaína. Pero, según precisan fuentes jurídicas, este ya decidió enviar sus pesquisas al Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional, encabezado por el magistrado Francisco de Jorge, al saber que este ya investigaba los hechos con anterioridad. De Jorge impulsa bajo secreto de sumario toda la causa sobre el inspector jefe de la UDEF que emparedó millones de euros en su vivienda y que, según fuentes jurídicas y policiales, se encuentra relacionada con el contenedor interceptado en el puerto gaditano.
Un 22% de contenedores
Abadix Fruits despertó los recelos de las autoridades policiales hace, al menos, cuatro años. El sistema de gestión de riesgos de Vigilancia Aduanera, un complejo mecanismo que cruza centenares de datos para evaluar a las empresas que importan y exportan, la señaló como sospechosa. Apenas contaba con capacidad logística, pese a las enormes cantidades de fruta que movía cada año procedentes de Latinoamérica. Ni tenía camiones, ni almacenes… Solo importaba y vendía. “Actuaba solo como un intermediario, lo cual no es habitual“, señala el subdirector Manuel Montesinos
Durante cuatro años, la policía y Vigilancia Aduanera monitorizaron los movimientos de la compañía, tratando de que nadie se percatara de que habían sido colocados bajo el radar. De los más de 900 contenedores que recibió en ese tiempo, los agentes analizaron “discretamente” unos 200 (es decir, más del 22%). Hasta el pasado de octubre, en ninguno de ellos se halló nada irregular. Los investigadores creen que, durante ese tiempo, la empresa se dedicó a aparentar que actuaba bajo la legalidad, con el objetivo de ganarse la confianza de los controladores portuarios y las autoridades. “Es poco usual ver este nivel de paciencia a lo largo de tanto tiempo”, recalcan fuentes cercanas a las pesquisas.
A partir de enero de 2024, sin embargo, se detectó un cambio drástico. Abadix pasó de recibir cargamentos de distintos países —como Panamá, Perú y Colombia—, a tener a Ecuador como único proveedor. Fue en enero también cuando la Fiscalía Antidroga abrió diligencias de la causa en la que está involucrado el inspector jefe de la UDEF, Óscar S., apodado por la prensa como El Anodino, por el carácter soso y reservado que le atribuyen muchos de sus compañeros en el cuerpo. Precisamente, cuando los altos mandos de la Brigada Central de Estupefacientes y Vigilancia Aduanera estaban ofreciendo el pasado 6 de noviembre una rueda de prensa en Algeciras para anunciar la intervención del mayor alijo de cocaína de la historia de España, un amplio despliegue policial detenía a 15 personas por pertenecer a la organización criminal vinculada, presuntamente, al jefe de la UDEF.