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Una pequeña empresa del sector industrial de Cataluña cuenta que periódicamente tiene que hacer un mantenimiento de media hora a una máquina, muy simple: una inspección visual y cambiar el filtro de aceite. Pero esta media hora se convierte cada vez en un verdadero dolor de cabeza burocrático. Para hacerlo, tiene que aportar cada vez 34 documentos y dedicar ocho horas de trabajo a esta gestión administrativa. Este es uno de los casos que recoge el informe Burocracia y competitividad empresarial, elaborado por el Observatorio de la pyme de Cataluña, de la patronal Pimec. El informe se basa en una encuesta a 700 empresas, a las que se les ha preguntado sobre las trabas administrativas y su impacto. Y los resultados son contundentes: de media, las pymes catalanas dedican 41,1 horas mensuales a gestionar trámites con la administración. La mayoría considera que hay una regulación excesiva y que además no es eficiente, y que todo ello impacta en su capacidad de crecimiento. Muchas veces, de forma absurda: según el estudio, siete de cada 10 documentos que la administración pide a las pymes para hacer un trámite en reali
dad ya los tiene.
El informe de Pimec llega en un momento en que el debate sobre la eficacia de la administración está sobre la mesa en Cataluña. El Gobierno de Salvador Illa se ha comprometido a acometer una gran reforma de la administración para hacerla más eficiente y simple, y para ello ha creado una comisión con casi 70 expertos para abordar la transformación. La semana que viene, además, la Cambra de Comerç de Barcelona acogerá un acto empresarial en el que se reclamará una simplificación normativa. Según el estudio, en Cataluña de media en los últimos años se publican 905 normas, mientras que en la resta de comunidades la media es de 498. “Es verdad que en Cataluña tenemos más competencias en algunos ámbitos, pero no tenemos casi el doble de competencias”, ha señalado Oriol Amat, presidente del observatorio.
“Hay que actuar ya. Podemos hacer todos los grupos de expertos y análisis que queramos, pero llevamos mucho tiempo así. Que Cataluña tenga casi el doble de regulación que España, es para hacérselo mirar. Los grupos de expertos están muy bien, pero hay cosas sencillas e inmediatas que se pueden hacer mañana”, ha dicho el presidente de Pimec, Antoni Cañete. Algunas de estas medidas ya están previstas en la ley, como promover la declaración responsable para agilizar los trámites o que cada vez que se incorpore una norma se quite otra, pero son medidas que se tienen que implementar.
En la presentación, Amat ha hecho referencia al informe Draghi sobre competitividad, y a las advertencias que el economista italiano hizo: Estados Unidos innova, China fabrica y Europa Regula. “Y España lo complica y Cataluña todavía más. Somos el país más analizado y diagnosticado del mundo, y pedimos que alguien aprete el botón de actuar”, ha dicho Amat. En comparación con los países europeos y de la OCDE, España, y Cataluña en particular, presenta una mayor regulación y falta de eficacia. Por ejemplo, según el Banco Mundial, el índice de calidad de la regulación en España es menor que en la unión europea, y también en eficacia. Según IMD, sobre 67 países, España ocupa el puesto 58 en eficacia. Uno de los indicadores de la OCDE lo explica concretamente: en el país que mejor lo hace, Nueva Zelanda, para crear una empresa se necesita un solo procedimiento, medio día y sin coste. En España, se necesitan 7 procedimientos, 12 días y medio y un 3,9% de coste.
La encuesta de Pimec resalta además que las empresas tienen dificultades para entender la normativa: la valoración media que hacen de este punto es de 2,39 sobre cinco. El 81,5% experimenta alguna dificultad para estar al día de la normativa y en general suspenden a la administración por la claridad de la información. Otros datos son acerca de los impedimentos del día a día: los encuestados afirman que en el último trámite que tuvieron que hacer, la administración tardó de media 136 días en dar una respuesta. Y casi la mitad dice que hubo problemas porque las diferentes administraciones no se coordinaron entre sí. Muchas empresas dependen también de la celeridad en las subvenciones, y estas, de media, tardan 166 días en llegar una vez son aprobadas, según la encuesta.
Amat ha recordado que las 41,1 horas mensuales que de media dedican las pymes a gestiones administrativas son un volumen muy alto de horas para las empresas más pequeñas. El 80% de los encuestados dice que las trabas burocráticas ha afectado en mayor o menor medida a su actividad o al crecimiento de su empresa, y la mitad afirma que afecta a su capacidad de innovación. “El otro día visitaba un comercio en Vic, con tres personas contratadas, y una de ellas se dedica casi exclusivamente a resolver normativa. Otro ejemplo, una empresa catalana fitosanitaria, llamada Pintalua, en el Baix Camp, que quiere ampliar su actividad y crecer, y ha pedido una licencia. Ha tardado tres años”, ha apuntado Cañete.
En el estudio, Pimec propone 58 medidas. La primera es hacer una pausa legislativa para consolidar, actualizar, refundar y mejorar las normas que ya existen. También proponen revisar continuamente la calidad reguladora, para ver si hay leyes que han dejado de ser útiles, o evaluar bien las normativas, también antes de hacerlas, para asegurar que se tienen los recursos para implementarlas: muchas de las leyes se aprueban sin que haya una buena memoria económica o técnica. Pimec propone, además, que se refuerce la ventanilla única y la digitalización, que se forme al personal público para que mejore la calidad de la gestión, y que se haga un esfuerzo especial para simplificar las normativas en los municipios pequeños y zonas rurales.
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