En la serie televisiva El Ministerio del Tiempo, un grupo de agentes especiales viajaba a diferentes hechos históricos del pasado de España para cumplir con misiones altamente confidenciales. Los hábiles agentes conseguían, entre otros éxitos, que el Guernica volviera a España, que el Quijote llegara a la imprenta y que Pedro Almodóvar rodara su primera película. La puerta que atravesaban estos enviados para entrar a ese ministerio era, en realidad, la de un palacete en el corazón castizo de Madrid: el palacio de la Duquesa de Sueca. Lo cierto es que, si realmente existieran los viajes ministeriales al pasado, una de sus misiones podría haber consistido precisamente en salvar de la ruina este palacete, un bien protegido, que llegó a estar al borde de la demolición ante la falta de cuidado de sus propietarios, primero; y de la Administración después.
Ahora la justicia ha condenado al alto cargo del Ayuntamiento de Madrid que dejó a su suerte este edificio durante años, hasta el punto de que en un informe instó a su derribo inmediato. Se trata de la exdirectora de Patrimonio, Amalia Castro-Rial, que ocupó este puesto entre julio de 2004 y enero de 2012. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la acusada “no realizó actividad alguna en relación a su gestión” ni “seguimiento alguno de las medidas provisionales de seguridad” ni “ordenó reparación alguna de los elementos deteriorados”.
El fallo califica de “inactividad absoluta” la gestión de Castro-Rial en lo que se refiere al palacete, con lo que “incumplió flagrantemente todas sus obligaciones en materia de conservación de bienes pertenecientes al patrimonio histórico”. Por todo ello, el juzgado de lo penal número 10 de Madrid condena a la antigua encargada de velar por los bienes históricos de Madrid a tres meses de prisión y a una multa de 1.800 euros. La fiscalía solicitaba nueve meses de cárcel. El fallo, que puede ser recurrido, también condena al Ayuntamiento de Madrid como responsable civil subsidiario. La sentencia también destaca la “falta total de colaboración” municipal cuando el juzgado de instrucción solicitó documentación gráfica sobre el estado del palacete hasta 2013.
El palacete se levantó en 1791, aunque el edificio existía previamente. En él vivió la primera esposa de Manuel Godoy, ministro de Carlos IV, María Teresa de Borbón Vallabriga, que ostentaba el título de la Duquesa de Sueca, con cuyo título fue bautizado. El palacete sirvió como escuela para los hijos de los trabajadores del Palacio Real, cuartel de la Guardia Civil y edificio de viviendas. Desde los años 90 fue declarado Bien de Interés Cultural, con el nivel máximo de protección, lo que quiere decir que su estructura tiene que ser conservada de forma global y se deben mantener sus características arquitectónicas y constructivas, volúmenes, formas y elementos decorativos.
El Ayuntamiento adquirió el edificio por expropiación forzosa en el año 1999 y comenzó el desalojo de las viviendas existentes para adecuarlo al uso previsto en el plan general de ordenación úrbana municipal de 1997, que lo calificó como Uso Dotacional para Servicios Colectivos. En ese momento el edificio tenía serias deficiencias estructurales, por lo que solicitó a la propiedad privada que las reparara, pero al no obtener respuesta, el consistorio comenzó esas obras de forma subsidiaria. En un pleno municipal de julio de 2005 se aprobó un plan especial para rehabilitar el palacete y destinarlo a la construcción de 107 apartamentos para jóvenes, destinatarios de servicios sociales, dentro de un plan municipal de revitalización del centro urbano. Hasta 2007 en el edificio continuó viviendo una vecina nonagenaria en condiciones verdaderamente deplorables.
La sentencia hace un recorrido por el ineludible deterioro de la estructura ante la falta de mantenimiento que ratificaron hasta cinco peritos en el proceso judicial. Y además, aplica la atenuante por dilaciones indebidas, es decir, una rebaja de la condena por el retraso en tramitar la causa achacable al funcionamiento lento de la justicia y no a ninguna obstrucción de la acusada.
Durante el mandato de Manuela Carmena (Más Madrid) el Ayuntamiento invirtió 4,6 millones de euros en la rehabiltación, aunque las obras se detuvieron al final de la legislatura porque fueron halladas tumbas sarracenas que necesitaron evaluación y protección. En el presupuesto de 2022, Almeida destinó 1,9 millones de euros para continuar con la reconstrucción del palacio. “A finales del pasado mes de junio, Almeida suprimió de un plumazo la partida de un millón de euros prevista en los presupuestos de este año para acondicionar el palacio como residencia para familias vulnerables. Este espacio permanece cerrado a día de hoy, con el riesgo de que se deteriore”, resalta la concejala de Más Madrid, Lucía Lois. El Ayuntamiento no ha respondido a las preguntas de este diario sobre el futuro del palacio, los plazos para el avance de las obras o si sigue el proyecto de construcción de viviendas sociales anunciado por el alcalde en 2022.