“Siempre hemos estado abiertos a negociar lo que sea, lo que pasa es que en la legislatura pasada nuestros votos no contaban para nada. Las cosas han cambiado”. La reflexión sale de los despachos del grupo de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados y sirve para exponer qué poder se atribuyen los siete parlamentarios del partido independentista catalán: potestad para desequilibrar la mayoría del Gobierno. Lo saben, lo asumen y lo quieren explotar.
Por lo pronto, los movimientos de Junts han servido para echar un cable al sector empresarial y a la banca, procurando modificaciones normativas que minimicen los impuestos que tienen que pagar. El proceder del partido entronca con la práctica que en el pasado exprimió su antecesora Convergència, ejerciendo de lobby en favor de intereses económicos diversos para influir en la toma de decisiones del Gobierno. “No somos como Convergència, nosotros negociamos pieza a pieza y arrancamos de cero en cada asunto. Lo que hacemos nosotros no lo ha hecho nadie antes”, matizan desde Junts.
El episodio más revelador ha sido la presión de Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, para relegar el impuesto extraordinario que afecta a las grandes energéticas. Junts, ayudado por el PNV, ha doblegado la intención del Ministerio de Hacienda de convertir en permanente la tasa temporal que impacta en empresas como Repsol y Cepsa, por citar dos de las compañías que reaccionaron alertando que supeditaban inversiones millonarias en España a la relajación del tributo.
Uno de los proyectos que supuestamente estaba en riesgo de volar a Portugal es el que Repsol tiene planteado en Tarragona y que supone una inversión de 1.100 millones de euros. Josep Maria Cruset, diputado de Junts en el Congreso, fue presidente del puerto de Tarragona. Más del 60% del negocio anual del puerto proviene del potente polígono petroquímico de Tarragona, donde Repsol tiene sus plantas. Jaume Giró, exconsejero de Economía y responsable del área de fiscalidad en la ejecutiva de Junts, fue en el pasado director general de comunicación de Repsol.
En el pleno del miércoles en el Congreso, Cruset cargó contra el impuesto a las energéticas y lo tachó de “absolutamente letal” para Cataluña. El diputado manifestó que el canon no iba a ser más que “una operación de maquillaje disfrazada de medida de izquierdas”. Cruset también criticó al Gobierno por querer penalizar a los 2,7 millones de catalanes “que hacen el esfuerzo de pagarse un seguro médico” y disparó contra medidas que persiguen “ahogar” al sector turístico.
Junts defiende tener una línea de actuación propia, pero sus recientes posicionamientos evocan a los tiempos en que Convergència era un actor de peso en el Congreso y mediaba para proteger intereses económicos. Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el partido nacionalista fue clave para pactar una modificación de la Ley de Sociedades Anónimas, conocida popularmente como enmienda Florentino porque favorecía la toma de control de Iberdrola por parte de ACS, empresa presidida por Florentino Pérez. Poco después de aquello, en plena crisis económica, la entonces portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que haría “todos los esfuerzos posibles” para sumar el apoyo de CiU a la reforma de la Constitución y garantizar el principio de estabilidad presupuestaria.
Una fuente del grupo de Junts reivindica que la negociación da resultados: “Ahora nos dicen que si apoyamos medidas de derechas, pero es Junts quien ha logrado una reducción del impuesto de sociedades para que las pymes se ahorren 2.500 millones de euros, y quien ha logrado una bonificación del 100% en las cuotas de la Seguridad Social para los clubes deportivos no profesionales”.
Uno de los interlocutores del sector empresarial que ha tenido tratos con Junts reconoce que “esta manera de hacer implica una enmienda a la totalidad a la dinámica de confrontación que mostraba el partido”. Y añade: “No les queda otra, porque son irrelevantes en la Generalitat y no mandan en ningún sitio”. La misma fuente señala que “para tener visibilidad y demostrar utilidad abrazan la vía pragmática, pero la duda es si se trata de una estrategia coyuntural o estructural, porque Puigdemont nos tiene acostumbrados a dar una de cal y otra de arena”.
Junts también defiende una enmienda en el impuesto a la banca para “compensar en función de las ganancias de cada uno”, indican desde el partido. “Porque no puede ser que el Banco Santander pague menos que el Banc Sabadell”, abundan las mismas fuentes. Si prospera la enmienda, Caixabank podrá deducirse del impuesto a la banca sus aportaciones a la Fundación La Caixa, lo que abre la puerta a que la entidad catalana pueda dejar de pagar unos 125 millones de euros.
El Ministerio de Hacienda sostiene que el contenido de la reforma fiscal permite elevar la recaudación en más de 4.500 millones, pero se ha encontrado en medio de un fuego cruzado que enfrenta a PNV y Junts con Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu. El jueves se aplazó in extremis la Comisión de Hacienda en el Congreso, hasta el lunes, para intentar buscar apoyos.
Foment del Treball ha pedido frenar la “escalada fiscal del Gobierno”. En un comunicado publicado el miércoles, la patronal catalana se encomendó a Junts y PNV, “fuerzas políticas que defienden propuestas a favor de la economía productiva”, para que no apoyen las medidas que se incluyen en el proyecto de ley para establecer una tributación mínima del 15% a las grandes multinacionales en el Impuesto de Sociedades. Foment está presidida por Josep Sánchez Llibre, exdiputado y portavoz de Convergència i Unió en el Congreso. Antes de las elecciones catalanas, Sánchez-Llibre viajó hasta Perpiñán para tener un encuentro con Carles Puigdemont. Fuentes de la entidad empresarial señalan que “la relación con Junts no es distinta de la que se mantiene con otros partidos”.