La Unidad Militar de Emergencias (UME), que en 2025 cumplirá 20 años, es una de las joyas de las Fuerzas Armadas españolas, una unidad de élite diseñada para combatir en primera línea contra las catástrofes. La dana de Valencia ha vuelto a evidenciar que las víctimas de los desastres reclaman la asistencia urgente de estos soldados de uniforme negro y gorra mostaza no solo por la ayuda material que aportan, sino porque su mera presencia les reconforta con la sensación de que no han sido abandonados. Como punta de lanza de la operación de rescate, abren el camino para que se incorporen luego militares de los tres ejércitos. En las últimas semanas se ha criticado que no llegaran antes o que no lo hicieran en mayor número, pero nadie, ni siquiera la ultraderecha, ha cuestionado la necesidad de que el Estado cuente con una unidad militar dedicada a la protección civil. No siempre fue así.
En 2005, cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le encargó a su ministro José Bono la puesta en marcha de la UME, el entonces portavoz del PP en la Comisión de Defensa del Congreso y luego director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa la calificó de “capricho faraónico” y “despilfarro”. Todavía en 2008 la diputada popular Carmen Álvarez Arenas aseguraba que la UME no respondía a “una necesidad real”, ya que solo había tenido ocho intervenciones en tres años.
Pero la mayor resistencia a su creación no vino de la oposición política sino de las propias Fuerzas Armadas, cuya imagen ha contribuido decisivamente a mejorar en estas dos décadas. Así lo refleja el acta secreta de la reunión que el 25 de enero de 2006 mantuvo el Consejo Superior del Ejército, en el que se sientan todos los tenientes generales en activo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Hacía menos de dos semanas que, en una decisión sin precedentes en la etapa democrática, Bono había destituido y arrestado al teniente general José Mena por sugerir, durante su discurso de la Pascua Militar en la Capitanía General de Sevilla, la intervención del Ejército si el nuevo estatuto de Cataluña que se estaba elaborando sobrepasaba “límites infranqueables”. Además del ministro de Defensa, asistieron a la reunión varios mandos militares que en privado habían prestado apoyo a su compañero arrestado.
Al inicio de la sesión, Bono hizo una exposición detallada de las características de la nueva unidad. Contaría con 4.300 soldados (1.100 oficiales y suboficiales y 3.200 de tropa) distribuidos en seis batallones, estaría totalmente implantada en 2008 y, una vez puesta en marcha, su coste rondaría los 150 millones anuales. Su personal cobraría un plus de entre el 25 y el 35% de su sueldo militar y, aunque estaría encuadrada en el Ministerio de Defensa, actuaría bajo “mandato expreso o delegado del presidente del Gobierno”.
Tras la intervención de Bono, tomaron la palabra los tenientes generales. El propio jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, general José Antonio García González, se quejó de la falta de información, a lo que el ministro replicó leyendo el acta de la reunión que el mismo consejo había celebrado el 3 de octubre de 2005 en Zaragoza, en la que ya se anticipó la creación de la nueva unidad.
El teniente general Emilio Pérez Alamán —que años después, ya retirado, promovió un manifiesto apologético de Franco en desagravio por su exhumación del Valle de los Caídos— se quejó de que la nueva unidad detraería recursos a las Fuerzas Armadas y sus mayores sueldos suponían un agravio comparativo para otras unidades. En respuesta al jefe del Mando de Canarias y también a los generales Juan Yagüe y José Javier Arregui, Bono aseguró que se trataba de incentivar el destino en una unidad de élite donde se trabajaría más y con más intensidad que en el resto y recordó que también los militares que participan en operaciones en el exterior cobran más.
Sergio Barrenechea (EFE)
El debate ideológico lo tuvo con el general Yagüe, jefe de la Fuerza Logística Operativa, con sede en A Coruña, quien aseguró que los ejércitos “tienen como misión fundamental las acciones de combate, que quedarían devaluadas por las que realice la UME”. “Cuando no hay combates ni misiones propiamente armadas que, gracias a Dios, no son frecuentes, los ciudadanos valorarán muy positivamente que los soldados ayuden a la población en caso de siniestro o catástrofe”, le respondió Bono. “No es una desnaturalización de los ejércitos servir a los ciudadanos en situaciones críticas, como un incendio o una inundación. Muy al contrario, es una de las misiones que más enaltecen a las Fuerzas Armadas y más las acercan a la sociedad española, de donde salen y a la que deben servir”, añadió.
Bono también tuvo que emplearse a fondo para defender que la UME dependiera directamente del presidente. El general Yagüe había expresado su temor a que el jefe de la unidad se convirtiera “en un cuarto JEME”, en referencia a los jefes de Estado Mayor de Tierra, Armada y Aire: y la UME, “en un cuarto ejército”. El ministro enfatizó que la dependencia directa del presidente, al margen de la cadena de mando militar, no suponía “servidumbre o merma alguna para los ejércitos” y que era “un honor” que dependiera de aquel “al que la Constitución encomienda la dirección de la administración militar”. En realidad, aunque algunos la tacharon de ser el Ejército de Zapatero, la UME no llegó a depender nunca del presidente y está a las órdenes de la ministra de Defensa.
En respuesta a los generales Álvarez del Manzano y Romay, Bono dijo que la UME no solo no iba a “devaluar” a las Fuerzas Armadas, sino que mejoraría su imagen ante la sociedad y, para vencer los recelos de Francisco Boyero, inspector general del Ejército con sede en Barcelona, le explicó que se habían fijado con tanta precisión sus efectivos porque así lo exigía Hacienda. El general Pedro Pitarch, que había sustituido a Mena en Sevilla, recordó que la nueva ley de Defensa Nacional preveía la intervención de las Fuerzas Armadas ante catástrofes, mientras que el general José Cabrera, destinado en la Casa Real, mostró su apoyo a la iniciativa.
Cuando saltaron más chispas fue con la intervención del general Joaquín Tamarit, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército y transmisor de la consigna golpista “la bandeja está labrada” durante el 23-F, quien espetó al ministro que “no le divertía nada la creación” de la nueva unidad. Y añadió: “Yo no quiero reclutar soldados para que luego se vayan a la UME o la Guardia Civil”. Bono respondió a Tamarit, y también al general Romay, quien se había expresado en similares términos, que la UME “no se ha constituido para divertirle” y que prefería tomarse sus palabras como una expresión coloquial. “Reclutar soldados para el servicio de España es lo importante y lo accesorio es el destino de los mismos, sea este Guardia Civil, la UME o el Ejército de Tierra”, le espetó.
Lo que alegó Bono es que la creación de la UME era consecuencia directa del incendio de julio de 2005 en Guadalajara, en el que murieron 11 bomberos forestales. Zapatero comprendió que, ante una catástrofe como aquella, la opinión pública exigía una reacción urgente, sin que le importara qué administración era la competente, y el Gobierno carecía de instrumentos para ello al haber delegado la protección civil en las comunidades autónomas. Sí les confesó que “existe una creciente demanda de la sociedad española de una respuesta eficaz del Estado ante situaciones de catástrofe y grave riesgo [ante las cuales] el actual sistema se ha revelado insuficiente”.
Bono recogió algunas sugerencias de la cúpula del Ejército, como que el jefe de la UME fuera un general de tres estrellas; y desechó otras, como que la unidad solo se activase algunos meses al año y el resto del tiempo los soldados se dedicasen a tareas estrictamente militares. Al despedirse, el ministro reiteró su lealtad a los tenientes generales y añadió que no consideraba necesario pedirles a ellos que la tuvieran con “su superior [es decir, él mismo] porque todos los presentes conocen el significado [de la lealtad] desde que ingresaron en la academia”, apostilló.