La condena de cinco años y medio de cárcel al cardenal Angelo Becciu en diciembre de 2023 en los tribunales vaticanos, por malversación y estafa, culminó un enorme escándalo financiero que había causado pérdidas de entre 77 y 166 millones de euros en las cuentas de la Santa Sede, lo máximo que se ha podido calcular. Pero hace diez meses solo se anunció la condena. En Italia, y también en la Santa Sede, se comunica la pena al final del juicio, pero el texto argumentado se publica meses más tarde. Por fin se ha dado a conocer esta semana y son más de 800 páginas que desmenuzan un escándalo “de excepcional gravedad”.
Becciu, de 76 años, era uno de los hombres más poderosos del Vaticano, el número 3, como segundo alto cargo de la secretaría de Estado. Fue un juicio histórico con ánimo de ser ejemplar, la primera vez que un tribunal laico juzgaba a un cardenal por corrupción, una señal de Francisco para romper una inercia de décadas de asuntos sucios en las finanzas de la Santa Sede, aunque Becciu siempre ha dicho que es inocente, que no se ha llevado un céntimo y ha recurrido la sentencia.
Casi todo se sabía ya, pero ahora está escrito con detalle en una condena oficial: aventuras especulativas para invertir en un yacimiento petrolífero en Angola; una operación desastrosa para comprar un edificio de lujo en Londres de 300 millones a través de personajes poco de fiar; una amiga del cardenal que se hace pasar por agente secreto y obtiene 589.000 euros para el rescate de una monja secuestrada en Mali, que en realidad acaba gastándose en hoteles caros y artículos de lujo; el desvío de fondos por parte de Becciu a la cooperativa de un hermano en Cerdeña…
Fue un caso que empezó a salir a la luz en 2019 y llevó a la destitución del cardenal en 2020, una decisión sorprendente porque era alguien de confianza del Papa. Hasta llegó a citarse su nombre como candidato a su sucesión en un futuro cónclave y, prueba de que se le consideraba alguien ejemplar, era prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Pero Francisco fue drástico y le retiró sus prerrogativas cardenalicias, algo que solo ha sucedido tres veces en 120 años. Al final, Becciu llegó incluso a grabar al propio Papa en una llamada, en julio de 2021, desesperado por obtener pruebas en su defensa. La conversación se lee en la sentencia.
Dinero de los fondos destinados a los pobres
La resolución condena a Becciu y a otras nueve personas, entre funcionarios vaticanos, comisionistas e intermediarios financieros. El tribunal explica que da igual que no se haya enriquecido por ello ni que no actuara con afán de lucro, pues la pena corresponde al mal uso de los fondos vaticanos. Por otro lado, libera de responsabilidad a los dos superiores del cardenal, el secretario de Estado con Benedicto XVI, Tarcisio Bertone ―que por su parte se construyó un ático de 700 metros cuadrados con fondos de un hospital infantil―, y a su sucesor con Francisco, Pietro Parolin, que aún sigue en el cargo. La resolución también juzga inocente al sucesor del cardenal en el cargo, hasta hoy, el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, que heredó el embrollo y según los jueces fue “engañado” por la trama para dar el visto bueno a operaciones ya en marcha. Otro personaje decisivo es monseñor Alberto Perlasca, mano derecha de Becciu, que se libró del proceso al contar lo que sabía, pero que aun así es juzgado no creíble por el tribunal.
Becciu fue Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, algo así como la mano derecha del número dos del Vaticano, entre 2011 y 2018, y disponía de los fondos reservados, incluido el Óbolo de San Pedro, donaciones de los fieles para obras de caridad del Papa. Pero Becciu metió la mano en la caja para inversiones con mucha desenvoltura. Según explicó, quiso dar un giro audaz a la política financiera para obtener mayores rendimientos. Lo primero que intentó en 2012 fue invertir en un yacimiento petrolífero de la compañía Falcon Oil en Angola, país donde Becciu había sido nuncio y conocía al empresario que dirigía esa firma, un tal señor Mosquito.
Era la primera vez que la secretaría de Estado invertía en una empresa y, como reconoció el propio imputado “nunca se había confiado una suma tan ingente a un solo sujeto”. Además, como no deja de señalar la sentencia, “en evidente contraste con la atención a los temas ecológicos ya tratados por Benedicto XVI y luego por el papa Francisco”. Al ser una operación compleja, el Vaticano se fue implicando en una trama con dudosos intermediarios y aprovechados que le acabaron convenciendo en 2013 y 2014 a invertir “una enormidad”, 200 millones de dólares (147 millones de euros al cambio de entonces, un cuarto de los fondos de la Secretaría de Estado), mediante préstamos de bancos suizos, en un fondo en Luxemburgo del ejecutivo suizo Raffaele Mincione. En realidad, el Vaticano se puso en sus manos, sin ningún control sobre el dinero, y la comisión de los intermediarios fue de 14,9 millones.
Becciu lo hizo pese a las distintas advertencias que recibió sobre Mincione, tanto por artículos de prensa, como de la Gendarmería vaticana. Actuó “con comportamiento gravemente inadecuado”, según la sentencia. El “uso ilícito” de los fondos y “la voluntad de usarlo en contraste con los intereses de la Iglesia” terminó “en una ventaja tan evidente como significativa para Mincione y sus socios”.
La sentencia considera probada, cuando empezó a gestarse la inversión en el fondo, “la plena conciencia de todos de que se estaba realizando de una operación extremadamente arriesgada e incompatible con la actitud siempre obligatoriamente prudente” que debía tener Becciu. Es significativo para el tribunal que Becciu dejara al IOR, el instituto financiero vaticano, fuera de la operación y negociara con bancos suizos porque temía que no dieran luz verde al proyecto, “por su inédita entidad especulativa, del todo incompatible con las disposiciones vigentes”.
Sin embargo, a los pocos meses el plan angoleño se abandonó y para el tribunal “es inexplicable” que en ese momento el Vaticano no aprovechara para cerrar el asunto. Ya había señales de alarma considerables, señala la sentencia, pero aun así, siguieron adelante, “recurriendo a operaciones de naturaleza altamente especulativa con la consiguiente exposición al riesgo de pérdida de patrimonio”.
Mincione les convenció entonces para que le compraran un edificio que poseía en Londres, en el número 60 de la avenida Sloane, una antigua sede de los almacenes Harrod’s en el exclusivo barrio de Chelsea. El dinero que se le iba pidiendo al Vaticano con “artificios y engaños” creció hasta los 300 millones, y cuando por fin consiguió venderlo en 2022 lo hizo por 214. Fue una compleja operación financiera, con varias sociedades y ampliaciones de capital, realizada entre 2018 y 2019. Para entonces Becciu ya había dejado la secretaría de Estado, en junio de 2018, pero su sucesor, Peña, fue engañado por la trama que ya estaba creada a su alrededor. El Vaticano fue soltando millones de euros y firmando acuerdos inverosímiles. La sentencia también señala que en 2014 y 2015 la secretaría de Estado compró otros cuatro edificios en el centro de Londres a través de sociedades interpuestas.
“Una operación haciendo ‘abracadabra’ con los números”
El tribunal suscribe la gráfica afirmación de uno de los testigos de la acusación, Luca Del Fabbro, un experto llamado por la Secretaría de Estado en 2018 para poner orden: “Los millones en el Vaticano volaban como si fueran cromos de Panini”. Los tiburones financieros que fueron liando a la Santa Sede, en una de las ocasiones en que por fin se salieron con la suya, “incluso se sorprenden del éxito de una operación nacida haciendo ‘abracadabra’ con los números”. “Esta operación es absolutamente… divina”, escribe uno en un WhatsApp, y siguen emoticonos de risas.
La sentencia explica que este grupo “indujo a error” a la Secretaría de Estado “mediante una serie de artificios y engaños constituidos de una serie de informaciones falsas o gravemente incompletas” y le hicieron creer que se hacía con la propiedad del inmueble londinense. Es solo uno de los episodios del culebrón, reflejo del conjunto: además de su inversión inicial, para hacerse con todo el edificio el Vaticano tuvo que soltar 40 millones de libras más (45,4 millones de euros) en 30.000 acciones sin derecho a voto, que de hecho dejaban el control del inmueble en manos de otro ejecutivo, Gianluigi Torzi, que solo tenía 1.000 acciones y no invirtió ni un céntimo en la operación. Luego tuvieron que pagarle 15 millones más. Ha sido condenado por estafa y extorsión.
En 2018 Peña Parra, el sucesor de Becciu, descubre los acuerdos con asombro, y entre otras cosas, que el abogado que había asesorado a la Santa Sede, Nicola Schillace, en realidad estaba trabajando para la otra parte, quienes les sacaban los cuartos. Empezaron a saltar las alarmas y luego surgieron otros culebrones. Becciu ha sido condenado por estafa agravada, junto a una amiga llamada Cecilia Marogna, sarda como él y que entonces tenía de 39 años, que se hacía pasar por agente secreta. Le ingresó 575.000 euros en 2018 para que mediara en la liberación de una monja colombiana secuestrada en Mali en 2017. Sí hubo un pago a una agencia inglesa, Inkerman, especializada en estos casos, pero es que después Marogna recibió otros 575.000 euros que esta vez se gastó en hoteles exclusivos, restaurantes, ropa, bolsos y productos de lujo. Se le pagó en nueve transferencias a una sociedad eslovena “constituida ad hoc el día inmediatamente precedente”, dice la sentencia. Además, Becciu le entregó otros 14.000 euros en contante en septiembre de 2019. En resumen, concluye el tribunal, esos 589.000 euros “han resultado ajenos a cualquier relación” con el rescate de la monja, que fue liberada finalmente en 2021, “sin ninguna intervención de la secretaría de Estado y mucho menos de la señora Marogna”.
Esta lady Vaticano, como la llamó la prensa, ha dado mucho que hablar. El cardenal la conoció en 2016 porque le mandó un correo electrónico para conocerle, se vieron y apreció sus cualidades de “analista geopolítico”. Al menos una noche, en septiembre de 2020, se quedó a dormir en el apartamento del cardenal, confirma la sentencia. Es más, los magistrados reprochan que el cardenal haya seguido teniendo “relaciones muy amistosas, si no de verdadera familiaridad” con esta mujer, aunque “había madurado ya una plena y definitiva conciencia acerca de las modalidades totalmente ilegítimas con que la mujer había utilizado las sumas”. “No puede ser considerado en modo alguno ni normal ni plausible que un eclesiástico del nivel y con las responsabilidades del imputado siga teniendo relaciones de confianza con una persona que le propone hacer dosieres de altos prelados”, se lee en la sentencia.
Por último, está el caso de los 125.000 euros que Becciu ingresó en una cooperativa de su hermano Antonino, motivo de su segundo delito de malversación. Lo hizo sin pedir autorización y con una transferencia a una cuenta de Cáritas en la localidad sarda de Oziera, pues la cooperativa familiar era el brazo operativo de la organización religiosa en el lugar (y Cáritas la dirigía un primo del cardenal). De nuevo, los jueces no consideran que no lo hiciera para su beneficio o se destinara a fines caritativos, porque señalan que el código penal vaticano prohíbe cualquier operación con familiares hasta el cuarto grado de parentesco.