Antes siquiera de pisar Italia, los 16 egipcios y bangladesíes deportados a Albania ya han debido de comprender que se trata de un país complicado. Al final, pese a tanto rodeo, han acabado yendo a Italia de todos modos. Tras la marcha de los primeros cuatro el mismo día de su llegada, dos por ser menores y otros dos por estar en condiciones de vulnerabilidad, los últimos 12 que quedaban en el campo de internamiento de Gjadër, han zarpado este sábado a las 8.58 horas del puerto de Shengjin en una nave de la guardia costera italiana. Han llegado en un autobús azul, tras recorrer los 23 kilómetros que separa el centro de reclusión de la costa. Iban vestidos con los uniformes negros que les han proporcionado en el campo de internamiento y llevaba cada uno una bolsa negra. En unos minutos han subido al barco, que ha zarpado inmediatamente. Su partida se produce tras la decisión de este viernes de un tribunal de Roma que ordenaba su traslado inmediato a Italia.
Al final, solo han estado tres días en Albania. Cuando pisen suelo italiano esta tarde en el puerto de Bari, se calcula que emplearán unas cinco o seis horas, estos 16 desconocidos certificarán el fracaso del estreno del plan de deportaciones del Gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni en Albania. Su principal objetivo y efecto propagandístico a su electorado era precisamente demostrar que los migrantes rescatados en el mar ya no llegarían a Italia. Esta era la base del modelo Albania que la Comisión Europea y varios países miran con atención, con la idea de replicarlo.
Meloni había puesto en marcha su plan a pesar de las previsibles dificultades que iba a encontrar, después de que el Gobierno haya retorcido las leyes hasta el límite para hacerlo posible. El sistema ha fallado donde se preveía que iba a fallar. Principalmente, en tres puntos básicos. Uno, una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia del pasado 4 de octubre que recortaba drásticamente la lista de países seguros de origen a cuyos ciudadanos se podía aplicar el protocolo rápido, y dejaba fuera casi todos los que llegan a Italia por mar. Es la sentencia a la que se ha remitido el tribunal de Roma que ha ordenado el traslado de los migrantes. Segundo punto, el reducido número de migrantes a los que a fin de cuentas se puede aplicar el protocolo, dadas otras numerosas limitaciones legales -hombres adultos sanos y en condiciones no vulnerables rescatados solo por naves italianas en aguas internacionales-, que se ha reflejado en el coste absurdo de movilizar un buque de guerra para llevar solo a 16 personas. Y tres, una selección previa de los deportados realizada en condiciones apresuradas y precarias, que podía dar lugar a errores. Todo se ha hecho realidad.
En síntesis, en el examen previo se colaron dos menores y dos adultos en graves condiciones de vulnerabilidad, por haber sufrido torturas, que fueron detectados ya en Albania. Además, algunos de los deportados afirman que en el momento de ser rescatados ya veían la isla de Lampedusa, según ha relatado la delegación parlamentaria que habló con ellos. Es decir, que podrían haber sido auxiliados en aguas italianas. Y por último, todos son de Bangladés y Egipto, dos países que según la sentencia europea deben considerarse no seguros.
Con todo, a pesar de que la perspectiva era negra, Meloni siguió adelante. Tal vez por las prisas de estrenar el modelo, que llevaba cinco meses de retraso, en vistas del Consejo Europeo que ha abordado la inmigración. Tal vez por testarlo, principalmente con la magistratura, a quien ahora acusa de actuar ideológicamente y puede echar la culpa de que el plan no haya funcionado. Está en marcha un nuevo choque entre el Ejecutivo de Meloni y los jueces.
De todos modos, el Gobierno italiano ha querido transmitir la idea de que esto solo ha sido el primer asalto, no de que el revés suponga el fin del modelo. El lunes se ha convocado un consejo de ministros donde, según ha anunciado Meloni, idearán nuevos parches legales “para sortear los obstáculos”. La prensa italiana avanza hoy que aprobará un decreto sobre los países seguros. No se sabe muy bien la efectividad de estas maniobras, porque el principal obstáculo ha sido la sentencia europea, que es inalterable. En todo caso, el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, ya ha repetido varias veces que el plan italiano es solo el anticipo de lo que va a entrar en vigor en 2026 en toda la UE, cuando se aplique el nuevo Pacto de Inmigración. Se entiende que a partir de entonces esperan contar con más cobertura legal.