El ambicioso y controvertido plan del Gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni de deportar a Albania migrantes rescatados en el Mediterráneo ha terminado con un total fracaso en su primer ensayo: dos días después de su llegada al puerto de Shengjin, ninguno de los 16 migrantes trasladados se quedará en Albania. Al final, todos regresarán a Italia. El gran centro de internamiento de Gjadër, de 70.000 metros cuadrados, que costará 800 millones de euros en cinco años, seguirá vacío. Cuatro fueron enviados a Italia ya el miércoles por la tarde, en el mismo barco militar que les había llevado ―dos por ser menores y otros dos adultos, por sus condiciones de extrema vulnerabilidad―. Quedaban 12 recluidos, a la espera de que un juez de Roma decidiera en 48 horas si convalidaba o no su retención en frontera mientras se resolvía su petición de asilo, dentro del polémico protocolo rápido aplicado en Albania. Pero en la mañana de este viernes el juez ha negado el permiso para que se les retenga y ha ordenado que vuelvan a Italia. Fuentes de la delegación de diputados que ha visitado el centro de internamiento señalan que podrían regresar hoy mismo, en una nave de la Guardia de Finanzas italiana que se encuentra en el puerto albanés de Vlorë.
Lo que acaba de ocurrir se veía venir, pero el Gobierno de Meloni ha preferido seguir adelante, mientras presume estos días en Bruselas de su modelo “innovador” y la UE sigue con atención el experimento con la hipótesis de ampliarlo. Es más, el 90% de las solicitudes de este tipo ya habían sido rechazadas en los tribunales de Palermo y Catania. El ministro de Interior, Matteo Piantedosi, había advertido que veía “resistencia ideológica” en los jueces y que recurriría cualquier decisión. Ahora ya se anuncia un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y la magistratura.
La clave es una reciente sentencia de la UE que ha establecido que 15 de los 22 países que Italia considera seguros en realidad no se pueden clasificar así, y por tanto sus ciudadanos no pueden entrar en el protocolo rápido que se aplica en Albania. La resolución dejaba fuera todos los principales países de origen de la inmigración hacia Italia, como Bangladés, Egipto, Túnez o Libia. Los 16 migrantes deportados en Albania eran, precisamente, de Bangladés y Egipto. La decisión del tribunal de Roma se remite, de hecho, a la sentencia de la UE cuya argumentación es la siguiente: si en un país hay una zona donde se producen violaciones de derechos o un colectivo perseguido, todo el país debe considerarse no seguro.
Esto ocurre mientras, en todo caso, hay un cierto lío legal. La solicitud de asilo de los 12 migrantes ha sido rechazada en otro trámite de una velocidad inédita en Italia, dentro del mismo procedimiento. Normalmente, estas peticiones tardan uno o dos años. Pero el sistema de Albania está pensado para que se resuelvan inmediatamente, y la normativa prevé ahora que las solicitudes de asilo se puedan empezar a tramitar incluso antes de que el juez se pronuncie sobre si a esas personas se les puede retener. El jueves, de hecho, ya se había reunido la comisión que decide sobre las peticiones y había rechazado todas. Es decir, los 12 deportados serán repatriados de todos modos. Pero la decisión de este viernes del juez de Roma implica que no pueden esperar la repatriación en el centro de internamiento de Gjäder.
En condiciones normales, en Italia, se les dejaría en libertad a la espera de que se resolviera su petición de asilo, pero están en Albania, y los acuerdos con este país no contemplan que puedan circular por el país. Las autoridades italianas no pueden abrir la puerta del complejo de Gjadër y dejarles salir. Está por ver qué será de estos 12 deportados al regresar a Italia. Lo más probable es que al haberse resuelto ya negativamente su petición de asilo se les recluya en un Centro de Permanencia para la Repatriación (CPR), a la espera de que se organice el retorno a su país. Pero aquí se abre otra gran incógnita, porque en realidad Italia solo consigue repatriar al 20% de los migrantes con orden de expulsión.