Las 11 comunidades autónomas (más Ceuta y Melilla) gobernadas por el Partido Popular han publicado este jueves un comunicado conjunto en el que defienden su decisión de no declarar Zonas de Mercado Tensionado en sus territorios —es decir, áreas en las que existe un problema específico de acceso a la vivienda, especialmente porque se hayan disparado los precios— y reivindican, “por tanto, no intervenir en el [precio del] alquiler”. Se trata de una respuesta a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que hace una semana amenazó con retirar financiación a las regiones que no aplicaran la Ley de Vivienda. Los firmantes del comunicado tildan ese aviso de “amenaza” y “chantaje” y sostienen que no lo tolerarán.
La gestión de las políticas de vivienda es una competencia autonómica, aunque más del 70% de las medidas, según cifras del Gobierno central, se financian con fondos del Estado. La ministra Rodríguez afirmó el pasado 26 de septiembre: “Quien no aplique la ley de vivienda, no va a tener financiación del Gobierno central”. E insistió: “Mi intención es seguir apoyándolas económicamente, pero no puedo tratar por igual a quien está haciendo esfuerzos y cumpliendo la ley que a quien por atacar al Gobierno se muestra insumiso”.
Rodríguez no aclaró a qué incumplimiento en concreto se refería, aunque muchos entendieron que hacía alusión al principal caballo de batalla entre el Gobierno central y las autonomías en el año y medio que lleva vigente la ley: la norma incluye por primera vez la posibilidad de que las comunidades declaren “zonas tensionadas” en sus territorios y de que, en esas zonas, puedan poner topes a los precios del alquiler. Pero esa es una medida de carácter voluntario, pues la competencia es autonómica, y hasta el momento las comunidades gobernadas por el PP se han negado a aplicarla. Ellas sostienen que, como es una medida voluntaria, no están obligadas a asumirla.
El comunicado —firmado por los gobiernos de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla— afirma que el Estado “tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos” y que no hacerlo “supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico”. El aviso de la ministra, señalan, pretende imponer “un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político, de una ideología concreta”.
Por ello, las comunidades del PP exigen al Gobierno que “dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos que permitan solucionar un problema que ya es acuciante”, el de la vivienda; y, al mismo tiempo, reivindican su decisión de no declarar zonas tensionadas porque, a su juicio, “esas medidas solo sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios”. Como ejemplo de buena política inmobiliaria ponen el bono de alquiler joven, una ayuda de 250 euros a las rentas de pisos.
Según los populares, “la nefasta política del Gobierno” ha provocado que los alquileres “aumenten un 32% entre 2018 y 2024″, especialmente tras la aprobación de la Ley de vivienda en abril de 2023, que ha comportado un incremento de los precios de “casi un 13%”.
La ocupación es otro de los problemas que señala el texto. El PP calcula que son más de 78.000 las viviendas ocupadas en todo el territorio. Además, se enfoca en la inquiocupación —que los inquilinos dejen de pagar su renta mientras siguen residiendo en la vivienda— y apuntan que “ha crecido de manera alarmante en los últimos meses”, aunque no da cifras. También recuerda la nota que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace un año y medio, en plena precampaña de las elecciones municipales y autonómicas, la construcción de 183.000 pisos sociales. Unas viviendas que, dice el texto, “nadie sabe todavía dónde están”.