El Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales que la reducción de jornada a 38 horas y media empiece a aplicar a inicios en 2025, en vez de en 2024 como prometieron PSOE y Sumar en su acuerdo de Gobierno, y que las 37,5 no entren en vigor el primer día de 2026, un año después de lo anunciado. Los sindicatos han explicado que esta propuesta llegó a la mesa en la primera reunión tras el verano, pero no se había hecho pública hasta ahora. “Sabemos que ya este año por mucha prisa que nos demos hace falta un trámite parlamentario. Esto no se acaba con el diálogo social, luego llega el Congreso”, ha dicho la secretaria de Acción Sindical de CC OO, Mari Cruz Vicente.
Es la principal noticia que sale de la reunión de este martes, que ha vuelto a terminar sin acuerdo, como ya se anticipaba desde primera hora. Pepe Álvarez y Unai Sordo, líderes de UGT y CC OO, estaban este martes por la mañana frente a los tornos de la estación madrileña de Atocha, por donde pasan cada día miles de trabajadores en dirección a sus puestos de trabajo. Los líderes sindicales estaban allí para informar de las protestas que celebrarán este jueves frente a las sedes de la CEOE repartidas por España, en las que se quejarán por la falta de avances en la negociación para reducir la jornada. Unas horas después, por la tarde en el Ministerio de Trabajo, representantes de los dos grandes sindicatos se han reunido con los de las patronales para debatir sobre esta medida. La escena de la mañana ya anticipaba la dificultad de un acuerdo por la tarde, pronóstico que, para sorpresa de nadie, se ha confirmado.
Una vez más, y ya van diez reuniones desde enero, el encuentro de agentes sociales y Ejecutivo para hablar de la contracción de jornada ha terminado sin pacto. El Ministerio de Trabajo no mandó su nueva propuesta antes de la reunión, anunciada el 9 de septiembre, de bonificar las contrataciones que hagan las pequeñas empresas por reducir la jornada laboral. Por la mañana, en Atocha, Sordo y Álvarez dijeron que ven la negociación “agotada” y volvieron a acusar a la patronal de una estrategia obstruccionista. Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT, ha pedido a la ciudadanía que dé un paso adelante: “Se tienen que mover. Tienen que acompañar a las organizaciones sindicales, que CEOE, Cepyme y los grupos políticos tengan claro que esto es algo que demanda la gente”. El 11 de octubre se celebrará otra reunión.
También se ha pronunciado este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. “Yo lo que estoy reclamando es la libertad de decir lo que pensamos. Es que además, encima, van a venir ahora dentro de unos días [los sindicatos] a las sedes de CEOE a presionarnos. Pues está el Gobierno, que hagan lo que tengan que hacer, yo reclamo mi libertad de decir que nosotros pensamos que esto es malo para España”, ha dicho en un acto de la Fundación FAES
Este martes también ha irrumpido en el debate el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, que ha dicho en Telecinco que contemplaría la posibilidad de “trabajar menos días a la semana en algunos sectores”. Eso sí, ha matizado mucho su propuesta: ha dicho que antes de hablar de reducir la jornada habría que abordar “el problema de la productividad, que hemos perdido como el resto de la Unión Europea” y también “la incapacidad temporal, en cifras récord, tenemos que hablar de cómo bajarla”. Ha indicado que, una vez comentados esos temas, se podría valorar “si en algunos sectores es posible” reducir el tiempo de trabajo. “En muchos sectores no, pero en algunos a lo mejor es posible”, ha agregado.
Este planteamiento coincide con el de la patronal, que suele revindicar que en las actividades más productivas la jornada ordinaria ya ha caído gracias a la negociación colectiva, así que no es necesario un cambio legal. Y choca con el de sindicatos y el Ministerio de Trabajo. Creen que el mismo hecho (la jornada media pactada en convenios está en 38,2 horas a la semana) es la mejor prueba de que hay que afrontar un cambio normativo, ya que la negociación colectiva no está siendo capaz de reducir la jornada en los sectores más precarios, como la hostelería o el empleo doméstico.
Pese al apoyo social a la reducción de jornada (dos de cada tres españoles la respaldan), los grupos políticos no dejan clara su posición al respecto. Sin el concurso de Junts o el PP, que no se posicionan claramente, la medida no saldría adelante en el Congreso.
“Bienvenido el diálogo, el diálogo político, el diálogo social, el diálogo institucional. La política es esto, no me voy a cansar de decirlo”, ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante estas palabras del líder del PP. También ha indicado que dialogará con “todas y cada una” de las formaciones políticas para reducir la jornada.