El mismo día que el Instituto Nacional de Estadística portugués confirmó que el déficit público se situó en 2022 en el 0,4% del PIB, muy lejos del 1,9% previsto inicialmente, el Gobierno anunció una serie de medidas para ayudar a la población a mitigar los efectos de una inflación desbocada desde hace un año (este febrero se situó en el 8,2%). La relación entre el control de las cuentas públicas y el gasto social guarda siempre un equilibrio que el primer ministro, el socialista António Costa, ha convertido en el pilar de su política presupuestaria y que la oposición acostumbra a reprocharle desde la izquierda. “Enerve a quien enerve, cueste lo que cueste, vamos a mantener esta trayectoria”, avisó el miércoles en un debate parlamentario el primer ministro, determinado a impedir que el descontrol de las cuentas públicas derive en un rescate y una intervención de instituciones internacionales, como la vivida entre 2011 y 2014. Fueron tres años que marcaron a fuego a la sociedad portuguesa por las dificultades que sufrieron y que aún colea en numerosas medidas como las trabas a las promociones salariales de los profesores.
La principal novedad anunciada este viernes en Lisboa es la supresión del IVA en una serie de productos esenciales, que fue una medida adoptada en España desde el 1 de enero y que no convenció inicialmente al primer ministro luso al considerar que esa disminución impositiva no se había trasladado a los precios. Por esta razón, el Gobierno está negociando la aplicación con las asociaciones de distribución y producción alimentaria para lograr un descenso real de precios cuando el IVA pase a ser cero. La medida se concretará la próxima semana y estará vigente seis meses, según anunció hoy el ministro de Finanzas, Fernando Medina.
En las últimas semanas el Gobierno ha redoblado su campaña para controlar la subida de precios de los alimentos, con inspecciones en los supermercados de todo el país, que han derivado en la apertura de casi un centenar de procedimientos por subidas especulativas. Según la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica, se han detectado en algunos establecimientos márgenes de beneficios superiores al 40% en huevos, naranjas, zanahorias y cebollas.
Otra de las medidas anunciadas hoy va dirigida a los empleados públicos, que en los últimos tiempos están protagonizando movilizaciones por su pérdida de poder adquisitivo. A partir de abril verán mejorados sus salarios con una subida del 1% para compensar la desviación de la inflación respecto a las previsiones del Gobierno. Además, se incrementa el subsidio por comida que recibe este colectivo hasta los seis euros. Las mejoras afectarán a unos 740.000 trabajadores de la función pública.
La tercera medida va dirigida a las familias vulnerables, que recibirán un apoyo mensual de 30 euros al que se sumarán otros 15 por cada hijo. El universo beneficiario dejará de limitarse a los receptores de prestaciones sociales y se extiende a hogares de bajos ingresos. El Gobierno calcula que permitirá apoyar a unos tres millones de personas, alrededor del 30% de la población portuguesa. Esta medida se adopta después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, recomendase la semana pasada a los Gobiernos que disminuyesen “rápidamente” los apoyos a las familias para evitar “presiones inflacionistas a medio plazo”. El ministro de Finanzas luso, Fernando Medina, se desmarcó de la visión de Lagarde: “No son esas familias las que están creando la inflación, no podemos pretender hacer la desinflación en los salarios de las familias portuguesas, eso las empobrece”.
El coste del conjunto de medidas del Gobierno luso es de 2.500 millones de euros, en las que se incluyen las destinadas al programa de Más Vivienda (900 millones) anunciado a mediados de febrero para tratar de mitigar la crisis inmobiliaria que penaliza sobre todo a jóvenes y clases medias. La oposición, a derecha e izquierda, criticó las medidas presentadas este viernes nada más conocerse. El líder parlamentario del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), Joaquim Miranda Sarmento, consideró que las propuestas son tardías e “ignoran” a la clase media, mientras que la líder parlamentaria del Partido Comunista Portugués, Paula Santos, reprochó que no se “combata la especulación con la que tienen beneficios muchos grupos económicos”.
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