Los partidos interpretan sus estatutos para combatir la corrupción según cómo les afecte | España

Corrupción clara siempre es la tuya. Esa es la máxima que vuelve a regir en las cúpulas de los principales partidos ante este resurgimiento de acusaciones de casos de corrupción, que volvieron a florecer esta semana en el debate de la moción de censura encabezada por Ramón Tamames. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, le arrojó metafóricamente varios sumarios desde la tribuna al presidente socialista Pedro Sánchez. Y el presidente del Gobierno y su portavoz parlamentario, Patxi López, esgrimieron algunos escándalos por resolver de los populares. Todos los partidos presumen de ser contundentes en sus estatutos y en sus planteamientos contra los corruptos, luego difieren sobre qué es corrupción cuando les surge en sus filas algún “garbanzo negro”. La última refriega se centra en comparar la actuación distinta en los casos de María Gámez, exdirectora de la Guardia Civil que dimitió cuando se imputó a su marido, y el de la alcaldesa y senadora popular de Marbella, Ángeles Muñoz, con familiares procesados por blanqueo de capitales y narcotráfico.

La dimisión por sorpresa este miércoles de Gámez, que renunció al cargo tras conocerse que su marido, Juan Carlos Martínez, debía comparecer como investigado por un caso de corrupción relacionado con una pieza judicial derivada del caso ERE, ha vuelto a evidenciar cómo reaccionan los partidos ante estos supuestos.

La ministra y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, fue la primera que contrapuso este jueves desde Rota la actitud “ejemplar” de Gámez frente al “silencio cómplice” del PP en asuntos que afectan al exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, la alcaldesa Muñoz o el exministro popular, Jorge Fernández Díaz, para el que la Fiscalía pide hasta 15 años de cárcel como cabecilla de la llamada Operación Kitchen, el operativo policial montado para espiar sin control judicial al que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas. Bolaños agradeció a Gámez su “paso a un lado” y retó al PP a fijarse en dónde situó ella “los estándares éticos”.

Al PP, sin embargo, la música del caso Gámez le suena a corrupción, o a “presunta corrupción”, como matizó el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, este jueves desde Bruselas. Feijóo pidió explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por un asunto que relacionó con “la vida intensa en gananciales” de Gámez y que conectó mediáticamente con los escándalos del Tito Berni o de los cuartéles de la Guarcia Civil.

Tras varios días de silencio sobre casos judiciales que perjudican al PP, Feijóo aseguró que “la corrupción no tiene cabida” en ese partido y precisó que su formación sabe “distinguir lo que es corrupción y lo que no lo es”. Feijóo y el PP sostienen que el caso que implica a Albiol se trata de una simple instalación de “unas torretas para unos operadores móviles que él ni conoció ni le notificaron”, pese a que el juez que instruye esa investigación considera que el exalcalde toleró su montaje y funcionamiento irregular varios años y la Fiscalía solicita para Albiol dos años y 10 meses de cárcel, así como otros 10 años de inhabilitación por un posible delito de prevaricación continuada urbanística y ambiental.

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En el PP fijan como posición oficial para tramitar la expulsión de un cargo o militante que antes haya una condena judicial. Si ésta no existe, “se puede dar de baja a un afiliado en función del procedimiento abierto y de la casuística del caso”, lo que deja mucho espacio para la interpretación.

Los populares no ven nada que implique corrupción en Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella y senadora. El Senado ha impulsado una investigación sobre su patrimonio, en el que han aflorado 12 millones de euros, y su marido, Lars Gunnar Broberg, que falleció hace unas semanas, fue procesado por blanqueo de capitales, y su hijastro, Joakim Broberg, señalado como cabecilla de una red de venta de marihuana y hachís por la Audiencia Nacional. El PP la ha ratificado como candidata a la alcaldía. En el PP de Andalucía, que controla Juan Manuel Moreno, no la cuestionan “porque no está imputada ni investigada por nada” y presumen de que no entran en ese tipo de batallas maritales tampoco cuando tocan a la esposa del líder autonómico del PSOE, Juan Espadas.

El PSOE andaluz intentó en un primer momento sacar partido de la trama criminal que salpica a Muñoz, y presentaron varias preguntas en el Parlamento regional para poner en un brete a Moreno. Esa vía se relegó en Andalucía pero fue retomada por el PSOE y sus ministros a nivel nacional. El PP, cuando se le reta con Muñoz, recuerda que la esposa del actual secretario general del PSOE andaluz, Carmen Ibanco, formó parte de un grupo de 84 empleados de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), cuya contratación investiga un juez por presuntos desvíos de fondos públicos tras la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios, que apunta que fueron fichados por su vinculación política. El PP y Vox han activado por tercera vez la creación de una comisión de investigación de la Faffe en el Parlamento andaluz, a poco más de dos meses de las elecciones municipales del 28 de mayo, informa Lourdes Lucio.

El PSOE presume, sin embargo, de que no padece ningún caso de corrupción como los del PP, de que cuando un militante es citado a un juicio se le expulsa y, en ocasiones, como pasó con el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, incluso sin llegar a ese punto. El PSOE tardó ocho horas en forzar su renuncia en cuanto se desató el caso Mediador. “Nadie, ningún partido, está libre de que se le cuele alguien indigno, alguien que no esté a la altura de las siglas. El problema es cuando son las siglas las que no están a la altura, y ese es el gran problema del PP”, resaltan en el área de Organización del PSOE.

En ERC presumen de que son una formación superrígida, con 92 años de historia, un contundente código de conducta y sin casos de corrupción, pero aclaran que según su criterio los procesos que les podrían perjudicar, como los que atañen a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, “no son corrupción”, pese a que la Fiscalía Superior de Cataluña les pide elevadas penas de cárcel por un delito de malversación agravada.

En el PNV también ensalzan la dureza del artículo 14 de sus estatutos, cambiados dos veces en la última década para reforzar su exigencia ante casos de corrupción y de violencia machista, donde se fija que la suspensión de militancia es automática cuando un afiliado es investigado o imputado. La suspensión de afiliación por parte del Euzkadi Buru Batzar no se hace definitiva hasta que la sentencia es firme, como ha pasado hace unos días tras el pronunciamiento del Supremo para los implicados en el caso De Miguel o caso Miñano, que han permanecido lustros en sus cargos.

En Podemos, tal y como figura en su reglamento ético, se establece un compromiso de renuncia al cargo público, interno o a cualquier candidatura en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos de corrupción. Ese principio se matiza cuando el partido observa acusaciones de “acoso judicial antidemocrático o con intenciones políticas”, el lawfare, en lo que entienden que es una estrategia que han sufrido con varios escándalos que se les atribuían mediáticamente y que luego se demostraron falsos. Podemos resalta que su financiación no depende de los bancos como una barrera que les diferencia de las demás organizaciones políticas.

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