El discurso oficial de Junts per Catalunya es que la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, es víctima de una persecución judicial por su independentismo. Ni la confesión (y pacto con la Fiscalía) del beneficiario de los contratos que ella fraccionó cuando dirigía la Institució de les Lletres catalanes ha hecho mover ese planteamiento, pero en los últimos días sí afloran voces que plantean, ya en voz alta y sin tapujos, que no habrá resistencia numantina en caso de una condena e, incluso desde su entorno, se propone la renuncia al escaño como un acto de protesta y de confrontación. Otra cosa es la presidencia de Junts, cuyos estatutos como partido no impiden que Borràs siga al frente pese a una condena firme.
El último en romper el silencio ha sido ha sido el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias. En un acto en el Círculo Ecuestre, el pasado lunes, ha bordeado los límites de la posición oficial de la formación asegurando que en caso de una sentencia en contra de Borràs, Junts necesitaría hacer “una reflexión sobre si [la inhabilitación] perjudica a la formación o no”. Soy partidario de que en estas situaciones todo el mundo sea generoso”, agregó en clara referencia a Borràs.
La veda sobre el futuro político de Borràs la había levantado, hace una semana, el expresident Artur Mas al asegurar en una entrevista en Catalunya Ràdio que está en contra de dejar vacía la presidencia del Parlament. Aunque el exmandatario cree que hay una “severidad” inusual contra contra Borràs por una cuestión “habitual en el conjunto de las Adminsitraciones públicas”. “Las Instituciones, más allá de la situación de una persona a título individual, están por encima de las personas”, aseguró, tras recordar su paso al lado, en 2016, porque “no había salida” para alumbrar una nueva legislatura por el veto de la CUP a su nombre.
Aunque no es militante de Junts, los posicionamientos del expresident siguen influyendo en una parte importante de la formación y sus bases. Y aún más cuando todo apunta a un movimiento de vuelta del partido que ahora pilotan Borràs y Jordi Turull a cierta reivindicación de la manera de hacer y pensar que caracterizó a Convergència. Mas calificó los hechos por los que la Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para Borràs como una “potencial falta administrativa”.
La presidenta suspendida del Parlament está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicte sentencia sobre su caso y es muy posible que esta llegue incluso antes de las elecciones municipales del mes de mayo. El reglamento de la Cámara obligó a dejar su cargo en suspenso el verano pasado, un extremo que afecta a todos los diputados a los que se les abre un juicio oral por un delito relacionado con la corrupción. Ese mismo texto obliga a la retirada del escaño si hay una sentencia firme. Borràs tiene derecho a ir a una segunda instancia (en este caso el Tribunal Supremo), manteniendo así situación de interinidad en la Cámara. Pero la Junta Electoral Central ya ha actuado en el pasado, por la vía administrativa, pues entiende que una condena de inhabilitación es una “causa de inelegibilidad sobrevenida” y directamente expide la credencial al diputado siguiente.
Se repetiría la historia de lo sucedido con el exdiputado de la CUP, Pau Juvillà. Tras ser inhabilitado por desobediencia por mantener unos lazos amarillos en la fachada del Ayuntamiento de Lleida, en las elecciones de 2019, el independentismo se aferró a la falta de una sentencia firme para mantenerlo en el escaño pero la JEC intervino. Borràs dijo que le apoyaría hasta el final pero terminó obedeciendo a la autoridad electoral. El Supremo además entró a dirimir sobre si se le podía quitar o no el escaño y le dio la razón a la Junta. Ese precedente plantea una salida rápida de Borràs si es condenada.
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La posición oficial del partido hacia Borràs nunca había entrado en qué podía pasar el día después de una eventual condena. Además, en privado, muchos exdirigentes cuestionan que se abandone la posibilidad de ostentar el puesto de segunda autoridad de Cataluña para proteger a su presidenta. La diferencia entre el apoyo multitudinario del primer día del juicio y la foto de la última sesión, donde solo la acompañó un puñado de fieles, muestra que la situación de la excandidata a la presidencia de la Generalitat es cada vez más precaria.
Incluso en el entorno de Borràs también se habla de la renuncia como una posibilidad de salida, eso sí, en clave de épica y de denuncia contra la supuesta persecución por parte del Estado. En unas declaraciones muy sorprendentes, la secretaria segunda de la Mesa del Parlament y principal apoyo de la líder de Junts en la Cámara, Aurora Madaula, dio por bueno en el programa L’Hemicicle, de Catalunya Ràdio, el escenario de que Junts rechace el cargo tras la inhabilitación. “Una renuncia como señal de protesta sería una decisión que se podría tomar, para denunciar esta persecución politica y un uso partidista de la Cámara y que los poderes judiciales juegan con los electores y con la voluntad democrática”.
Tras defender sin fisuras la inocencia de Borràs, Madaula aceptó que en el “escandaloso” caso que la JEC finalmente inste el relevo, debería ser la propia Borràs quien decida quién es su reemplazo en la presidencia de la Cámara. Ella se autodescarta pese a estar en la Cámara: “no soy yo el relevo natural y no creo que lo haya”, insistió. La escudera de la presidenta suspendida si se mostró segura de que ella podrá continuar al frente del partido, como fijan los estatutos.
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