La Comisión Europea sigue muy de cerca todo lo que afecta al Parque Nacional de Doñana, una de las joyas de la biodiversidad más valiosas del sur del continente. Y los planes del PP y Vox en Andalucía para legalizar más de 1.500 hectáreas de cultivos ilegales que ahora mismo esquilman el acuífero del que vive esta reserva única han disparado de nuevo las alertas en Bruselas. La directora general de Medio Ambiente, Florika Fink Hooijer, envió el viernes una carta al Gobierno de España en la que advertía de que si sale adelante la proposición de ley que regularizaría esos cultivos ilegales, la Comisión no dudará en adoptar “todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impusieran sanciones pecuniarias”.
No es la primera vez que Fink interviene ante la amenaza de regularizar los regadíos de los alrededores de Doñana por parte de la derecha, que gobierna esta comunidad. En enero de 2022, también con unas elecciones a la vista en esta autonomía, la directora general de Medio Ambiente ya advirtió de que esa denuncia estaba preparada si prosperaba otra proposición que buscaba lo mismo que la que ahora se está tramitando en el Parlamento andaluz. “En mi anterior carta de 31 de enero de 2022 ya le transmití la inquietud y estupefacción de la Comisión por el riesgo que una propuesta similar, presentada el 11 de enero de 2022, planteaba para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de junio de 2021″, apunta ahora Fink en esta nueva misiva dirigida al embajador permanente de España ante la UE, Marcos Alonso. Ese fallo al que se refiere la directora general condenaba a España por no controlar las extracciones de agua ilegales del entorno de Doñana que nutren a una parte del sector de los frutos rojos. Aquella sentencia de 2021 no acarreó una multa, pero si Bruselas volviera a denunciar esta vez sí pediría una sanción económica, como dice abiertamente Fink.
Esta alta funcionaria europea insiste en su escrito en que es “necesario garantizar de forma inmediata la protección estricta de los excepcionales valores naturales de Doñana, especialmente teniendo en cuenta el actual contexto en el que las precipitaciones son cada vez más irregulares por causa del cambio climático”. Pero Fink considera que la proposición que han resucitado el PP y Vox para regularizar cultivos de regadíos va en sentido contrario. “La aprobación de una propuesta del cariz de la presentada el día 3 de este mes agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana”, dice. Y añade: “La sobreexplotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana, en particular de los cultivos de regadío”.
El caso de Doñana está ganando día a día peso en las preocupaciones del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos y, según fuentes gubernamentales, está previsto que el presidente Pedro Sánchez se refiera a él durante el debate sobre la moción de censura que se celebra este martes en el Congreso de los Diputados.
La proposición de ley presentada en el Parlamento andaluz a principios de mes ya provocó las críticas de los ecologistas y el Gobierno central. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió de que no descartaba llevar el caso ante el Tribunal Constitucional de prosperar la proposición, con lo que lograría una paralización cautelar prácticamente de manera automática. Además, el ministerio informó de los pasos dados por el PP y Vox a la Comisión, que ahora responde con esta amenaza de sanciones.
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España ya sabe lo que es ser condenada por temas medioambientales. De hecho, ya ha tenido que pagar casi 75 millones de euros por no depurar correctamente las aguas urbanas de varios municipios. Esta multa continúa creciendo cada seis meses mientras persiste el incumplimiento. Aunque las condenas y las sanciones se imponen al Estado, el Gobierno luego puede trasladar la parte que le corresponde a cada comunidad autónoma según su grado de responsabilidad. Como ocurre ahora con el caso de la falta de depuración y como podría ocurrir en el hipotético caso de una sanción por los regadíos de Doñana.
La derecha andaluza decidió reactivar su proposición de ley para aumentar los regadíos junto a Doñana hace tres semanas, a menos de tres meses de las próximas elecciones municipales. Desde entonces, tanto la Junta como los dirigentes del PP —con mayoría absoluta en el Parlamento autónomo—, repiten que su iniciativa no afecta a Doñana porque los invernaderos solo se regarían con aguas superficiales procedentes de las reservas del oeste de Huelva, lejos de la reserva natural, y respetaría su acuífero declarado “sobreexplotado”. Una explicación que no convence ni a los ecologistas ni al Gobierno, que considera que se invaden sus competencias para conceder agua. Además, el Ejecutivo argumenta que el plan de PP y Vox dañaría un área ya muy tensionada porque la cuenca del Guadalquivir aún sufre sequía extrema y las perspectivas futuras de lluvias son negras por el calentamiento global, como también advierte en su carta la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea.
Los ecologistas critican además que la ley desprotege Doñana y que la Junta ya tiene un plan que data de 2014, cuyos objetivos medioambientales incumple nueve años después, y consideran una “cobardía” legalizar los usos del agua que ahora son ilegales con la carestía actual. Tanto WWF como la Estación Biológica de Doñana (CSIC) han resaltado que se le está prometiendo a los agricultores un recurso del que carece de competencias y que a día de hoy no existe ni se cuenta con previsiones reales de que se vaya a disponer de él.
La Junta ha eludido este martes valorar las críticas de la Comisión Europea y ha culpado al Gobierno de influir en la actitud hostil de Bruselas hacia la ampliación de regadíos. “El Ministerio no para de verter inexactitudes respecto a la proposición de ley. Invito a la ministra [Teresa Ribera] a que me diga de qué modo se perjudica al acuífero de Doñana, porque no lo va a encontrar, ya que lo salvaguarda. Todo lo demás, me temo, es política excitada respecto a la próxima convocatoria electoral”, ha opinado el portavoz andaluz, Ramón Fernández-Pacheco.
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