El Parlamento de Israel ha aprobado este jueves una ley que dificulta la inhabilitación del primer ministro al circunscribir las causas para apartarlo del cargo a una condición física o mental. La norma, además, despoja de la prerrogativa para hacerlo al consejero jurídico del Gobierno, un cargo técnico de gran peso. En la práctica, la ley impedirá que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, sea inhabilitado por la actual consejera, Gali Baharav-Miara, por el potencial conflicto de intereses que supone liderar una reforma para debilitar el Tribunal Supremo mientras está imputado en tres causas por fraude, cohecho y abuso de confianza. La medida, aprobada por 61 votos a favor y 47 en contra en la Kneset tras una madrugada de debate, es la primera de la controvertida reforma judicial ―que recibe una contestación masiva en el país y crecientes críticas internacionales― en superar las tres lecturas necesarias para convertirse en realidad.
Ahora mismo, una de las 14 leyes básicas (que funcionan de facto como la Constitución de la que carece Israel) permite “incapacitar” a un primer ministro, pero no detalla los motivos por los que es posible. La jurisprudencia del Tribunal Supremo acota a casos muy concretos la herramienta, que está en manos del consejero jurídico del Gobierno, un cargo técnico muy influyente porque asesora al Gobierno, encabeza la Fiscalía general, y representa al Estado en los tribunales y el interés público en los asuntos legales.
La ley aprobada este jueves despoja al consejero jurídico de esa prerrogativa y limita los supuestos a una circunstancia física o mental que impida al primer ministro seguir ejerciendo sus funciones. Solo podrán hacerlo el propio primer ministro o su Gobierno, con el voto afirmativo del 75% de los ministros. De ignorar la recusación, el Parlamento podría imponerla por la misma mayoría.
El trasfondo es un acuerdo de conflicto de intereses que formuló en 2020 el predecesor de Baharav-Miara, Avijai Mandelblit, y que prohíbe a Netanyahu intervenir en el nombramiento de jueces o participar en la elaboración de legislación que repercuta en sus procesos penales, que no le impidieron regresar al poder el pasado diciembre tras ganar las elecciones ni le obligan a dimitir mientras no haya sentencia firme.
El Supremo ha decretado que el acuerdo sigue siendo vinculante y que la valoración de si está o no siendo vulnerado corresponde a la consejera jurídica, nombrada por el anterior Gobierno, en el que Naftali Bennett y el hoy jefe de la oposición, Yair Lapid, se alternaron el puesto de primer ministro. Por eso, Baharav-Miara pidió el mes pasado a Netanyahu que se mantenga al margen de la reforma judicial. El primer ministro ―que la acusa de guiarse por motivos ideológicos, y no profesionales― ha asegurado con ironía en algún acto público que no puede comentar el tema por prohibición legal, aunque lo hace con frecuencia. La nueva ley, de hecho, comenzó a gestarse cuando se extendieron los rumores de que la consejera se planteaba inhabilitar a Netanyahu y una ONG lo solicitó al Supremo.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete
La norma ve la luz en la misma semana en que la coalición de Gobierno ha anunciado que retrasará a finales de abril el grueso del paquete de la reforma y ha llevado a la Kneset una versión suavizada del texto que le permitiría imponer sus jueces en el Supremo. La oposición ha recibido el nuevo borrador como un subterfugio y está frenando su tramitación con triquiñuelas parlamentarias.
‘Día de la Parálisis’
La votación coincide, además, con una nueva jornada de protestas. Al principio, cada sábado, los detractores de la reforma judicial salían a las calles en cientos de miles, sobre todo en Tel Aviv, para protestar contra lo que consideran un golpe a la democracia y a la separación de poderes. El Ejecutivo ―integrado por el Likud de Netanyahu y los partidos ultranacionalistas y ultraortodoxos― lo define como un reequilibrio necesario ante una justicia a la que tilda de intervencionista y politizada.
Pero con el enconamiento de la crisis, que ha encendido las alarmas en la economía (la moneda, el séquel, no estaba tan débil respecto al dólar desde 2019) y llevado a cada vez más reservistas del Ejército a rechazar la participación en determinadas misiones, el movimiento de protesta está también activo los jueves. En estos días imperan más las acciones pequeñas dirigidas a alterar el día a día (cortes de carretera, escraches, etc.) y las intervenciones simbólicas en numerosos puntos del país. Esta mañana, por ejemplo, un punto de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén ha aparecido decorada con una bandera nacional y el texto de la Declaración de Independencia.
Este jueves, en el bautizado por los organizadores como “Día de la Parálisis”, unas 2.000 personas han forzado a Netanyahu a cancelar un discurso. Estaban congregadas ante el Museo de la Tierra de Israel en Tel Aviv, donde el primer ministro tenía previsto participar en una conferencia antes de volar, esta tarde, a Londres para reunirse con su homólogo británico, Rishi Sunak. Otros ministros han visto interrumpidos sus discursos o tenido que acceder a los eventos por las puertas laterales. El coche de la titular de Transportes, Miri Regev, ha sido cubierto de pegatinas con el mensaje: “Un Gobierno de corruptos” mientras participaba en un acto.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites