Laura Borràs anuncia que desoirá a la Junta Electoral si le retira el acta: “No renunciaré a la presidencia del Parlament” | Cataluña

Laura Borràs no piensa renunciar ni a la presidencia del Parlament (cargo del que está suspendida por el reglamento) ni al escaño y ha recordado que las normas de la Cámara sólo recogen la obligación de dejar el acta si hay una sentencia firme y no es aún su caso. Si la Junta Electoral le quita la credencial por la vía administrativa, ha continuado, eso no le impedirá seguir ejerciendo sus funciones “por sentido institucional”. La líder de Junts ha sido entrevistada este viernes en RAC-1, un día después de conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en su contra: Borràs ha cargado contra la condena “desproporcionada”, contra la “imparcialidad” de los magistrados que la juzgaron y contra la parte del independentismo que “colabora con el Estado del cual se quiere independiza”, una crítica clara contra Esquerra Republicana.

“Me han podido suspender de mis deberes, pero no de mi sentido ni de mi responsabilidad. Hoy en día la presidenta del Parlament se llama Laura Borràs, porque no hay otra”, ha asegurado la líder de Junts. La condena por los delitos de prevaricación y falsedad documental impuesta por el TSJC es de 4 años de prisión y 16 de inhabilitación para ocupar cargo público y la aún presidenta suspendida la ha calificado de “invitación a la jubilación política”. “Cuando la cumpla tendré 65 años”, ha explicado. Los otros dos condenados habían llegado a un pacto previo con la Fiscalía.

Sus letrados ya están trabajando en el recuso ante el Supremo, pero Borràs ha dejado claro que su idea es eventualmente llegar a los tribunales europeos donde, está segura, sí tendrá un juicio justo y se le dará la razón. Para la líder independentista un ejemplo del “despropósito judicial” de toda la causa es la decisión del TSJC de pedir el indulto parcial en la sentencia, al considerar que la pena era demasiado elevada (y que le libraría de ir a la cárcel si se lo concede el Gobierno). También ha recordado que uno de los jueces que la ha sentenciado, el presidente del Tribunal Jesús María Barrientos, fue apartado del juicio contra el republicano Rogert Torrent por su declaraciones públicas en contra del independentismo, dejando entrever así que su defensa explorará ese filón ante la nueva instancia.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reclamó a Borràs en la tarde del jueves, después de conocerse la sentencia, que diera un paso al lado. Una petición a que se suma el PSC y otros grupos de la oposición. Desde el pasado mes de julio, la líder de Junts está suspendida de funciones, como determina el reglamento de la Cámara. El republicano cree que esa interinidad ha de llegar a su fin. “Las instituciones no pueden estar sometidas a una defensa que es de carácter personal”, había lamentado Aragonès, separando el caso de la presidenta del Parlament de la “represión contra el independentismo”.

Borràs ha criticado que Aragonès le responsabilice de la situación de interinidad de la Cámara y ha insistido en que los culpables de ello son ERC, CUP y el PSC, cuyos representantes en la Mesa votaron por que se le aplicara la suspensión establecida en el Reglamento. Si a un diputado se le abre juicio oral por un causa relacionada por la corrupción, se le ha de suspender de sus funciones. Ese artículo presenta series dudas de constitucionalidad pero fueron los propios partidos los que votaron en 2017 el cambio para endurecer su baremo ético ante la corrupción. “Estoy indignada con este independentismo que colabora con el Estado del cual se quiere independizar y al cual le va muy bien que aparten a sus rivales políticos.

La sentencia, ha defendido la líder de Junts, prueba que no se adueñó de dinero público como resultado de trocear contratos públicos para beneficiar a un informático amigo, tras instruirle sobre cómo presentar ofertas falsas que acompañaran la suya. Por tanto, Borràs cree que se le ha de restituir en el cargo, pues el espíritu del legislador cuando reformó el reglamento era atajar la corrupción lucrativa. “Lo que todos entendemos que es la corrupción”, ha añadido.

El momento más tenso de la entrevista ha sido cuando se le ha preguntado por los correos electrónicos con los que el Tribunal da por probado que ella personalmente explicó al informático cómo tenía que hacer las facturas. La causa empezó por una investigación de los Mossos en un caso de venta de drogas y, en una de las interceptaciones telefónicas, ese mismo condenado contó, en 2017, que cobraba haciendo “trapis” con la entonces presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. La cantidad de los contratos fue de 335.700 euros. Borràs, visiblemente ofuscada, ha evitado explicar si son falsos o no y se ha centrado en denunciar una dudosa cadena de custodia de su material informático.

Ante la más que probable posibilidad de que la Junta Electoral central le quite la credencial en los próximos días, Borràs ha asegurado que piensa pelear contra esa decisión. La ley electoral establece como una “causa de inelegibilidad sobrevenida” el hecho de ser condenado en primera instancia por un delito que tenga pena de inhabilitación y, si algún grupo parlamentario lo solicita, procede a retirar el acta al condenado para dársela automáticamente al siguiente de la lista. Ciudadanos ya ha presentado un escrito y por tanto la respuesta puede llegar en cuestión de días. Borràs ha dicho que no acatará. La misma promesa que hizo sobre el diputado anticapitalista Pau Juvillà y que no cumplió, pues él no tuvo más remedio que renunciar.

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