Casi un millón de estudiantes en prácticas sin remuneración han cotizado a la Seguridad Social a lo largo de 2024. Es decir, aunque no cobrasen, ese periodo cuenta para su futura jubilación. Este nuevo derecho de los becarios está en vigor desde el 1 de enero de 2024, como uno de los elementos de la reforma de pensiones. Un año después, según registros de la Seguridad Social hasta el 12 de diciembre, 925.266 estudiantes en prácticas no remuneradas han estado al menos un día de alta. “Se trata de una extensión de derechos que beneficia a los más jóvenes que, de este modo, podrán comenzar una carrera de cotización que les permitirá generar derechos a futuro”, indicó el ministerio que dirige Elma Saiz cuando se implantó la medida.
Esta mejora para los estudiantes en prácticas se comprometió en la primera parte de la reforma de pensiones, con José Luis Escrivá al frente de la Seguridad Social y con el apoyo tanto de los sindicatos como de la patronal. Los becarios que perciben una compensación económica cotizan desde 2011 —una medida aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero—, pero no lo hacían aquellos cuyas prácticas no estaban retribuidas. Según las estimaciones del ministerio antes de que entrase en vigor, este nuevo derecho beneficiaría a unos 1,2 millones de estudiantes en prácticas. Los datos de la Seguridad Social a 12 de diciembre indican que las estimaciones no se han quedado lejos. “El sistema está rodando muy bien. Después de aclarar cuestiones técnicas de toda índole, que hemos ido resolviendo con la Tesorería General de la Seguridad Social, todo está yendo bien”, indica María Antonia Peña, presidenta de la Comisión Sectorial Crue (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)-Asuntos Estudiantiles y rectora de la Universidad de Huelva.
Esta cotización apenas supone costes para la entidad que recibe al estudiante, ya que está bonificada al 95% por la Seguridad Social. Para las prácticas de Formación Profesional, el Ministerio de Educación asume el 5% restante. En las universitarias sí estaba pensado que pagase la empresa pública o privada que acoge al estudiante, pero se dejó la puerta abierta a que lo asumieran las universidades si la entidad receptora no quería. Como vienen denunciando las universidades, son ellas las que casi siempre asumen ese coste. Un análisis de este periódico tras el primer mes de aplicación de la medida mostró que casi todas las públicas, pese a las estrecheces económicas que sufren, son las que abonan ese 5% restante.
“Nos dejan dos opciones. O quitamos las prácticas del plan o pagamos nosotros la cotización”, decía entonces a EL PAÍS Peña. Con todo, es un coste ínfimo, de un máximo de 10 euros por estudiante al mes. De ahí que las universidades no centrasen la queja en el coste, de unos pocos miles de euros mensuales en las universidades con más alumnos, sino en la carga administrativa que les supone.
“Ha funcionado”
“Un año después”, reflexiona el secretario de Juventud de CC OO, Adrià Junyent, “la cifra de estudiantes en prácticas no remuneradas que han cotizado muestra que la medida ha funcionado”. Coincide su homólogo en UGT, Eduardo Magaldi: “Es algo muy positivo, que repercute para bien para cientos de miles de estudiantes”. Los dos recuerdan que antes de la entrada en vigor había voces que anticipaban un “colapso”.
“No ha habido una huida masiva de empresas que oferten prácticas. Se ha implementado con toda la normalidad”, dice Magaldi. “El caos y el desastre que anticipaban los rectores no se ha producido. A algunos les daban igual los derechos de los estudiantes”, insiste Junyent. El representante de UGT cree que este “es un ejemplo más de un avance social en tela de juicio que, una vez se implementa y funciona, todo el mundo lo ve bien” y anticipa un fenómeno parecido con la reducción de jornada: “Ahora hay mucho ruido, pero cuando aplique habrá total normalidad”.
Peña asegura que el colapso se habría producido si las universidades no estuvieran asumiendo el coste de la cotización: “Todo lo que anticipamos se ha cumplido. No ha habido caída de las prácticas porque estamos asumiendo todo, tanto el pago de la parte no bonificada de la cotización como la gestión administrativa. Desde el principio vimos que o lo hacíamos o empresas e instituciones públicas extinguirían los convenios. No lo asumen ni los ministerios y consejerías”. Estima que en torno a un 40% de las prácticas no remuneradas se desarrollan en instituciones públicas, que, por lo general, tampoco abonan la cotización.
El dato de 925.266 becarios no remunerados que han cotizado durante 2024 conduce a Junyent a otras dos ideas. En primer lugar, cree que debería invitar a una reflexión a “aquellos que proponen más prácticas en más sitios; tenemos ya un universo de prácticas muy grande, aumentarlo no es razonable”. Cree que el tejido productivo español, con tantas pymes, “no puede absorber más estudiantes en prácticas, en empresas sin capacidad para tener a chavales aprendiendo”. Además, pide a Inspección de Trabajo y Seguridad Social que centre el foco en estos estudiantes. “Muchas empresas se siguen aprovechando, siguen operando con más estudiantes que trabajadores, lo que constituye un fraude”.
A la espera del estatuto del becario
Javier Muñoz, responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud de España, también celebra que la cotización de los becarios no remunerados haya funcionado, pero cree que no es suficiente. “Es mejor que nada, pero aspiramos a mucho más”. Y en ese “mucho más” lo primero que menciona es el Estatuto del Becario, una norma con una trayectoria insólita. Fue presentada el 15 de junio de 2023, hace más de año y medio, semanas antes de las elecciones generales del 23 de julio. Poco antes del acto para escenificar el acuerdo, consensuado con los sindicatos y sin respaldo patronal, fuentes de la parte socialista del Gobierno dijeron que no lo apoyaban. Comentaron que estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Es el único acuerdo del diálogo social del Gobierno de coalición en que ha pasado algo así.
A la pregunta al respecto, en una entrevista reciente con este periódico el secretario de Estado de Trabajo recordó que las elecciones generales y la formación del Ejecutivo retrasaron la medida. “Hay un compromiso no solo de la vicepresidenta, también del presidente, que puso el estatuto del becario como una prioridad. Ya tenemos hecho el trámite de consulta pública. Haremos los últimos ajustes técnicos sobre el texto que pactamos con los sindicatos, le daremos su tramitación y cumpliremos con el compromiso del Gobierno de coalición y con el acuerdo que tenemos con las organizaciones sindicales”, explicó Joaquín Pérez Rey.
Sin embargo, desde el Ministerio de Economía siguen sin confirmar sí dan luz verde al texto con el redactado al que se llegó con las centrales sindicales. A principios de octubre, cuando el ministerio activó la tramitación parlamentaria de la norma, señalaron que aún hay debate en el seno del Ejecutivo. “La información que tenemos es que hay cierta dificultad dentro del Gobierno para sacar la norma”, subraya el representante de CC OO. También apunta a la aritmética parlamentaria: cuando se presentó el acuerdo entre sindicatos y ministerios, la mayoría de fuerzas nacionalistas manifestaron dudas.
Rechazo de los rectores
El texto que sindicatos y Trabajo firmaron en 2023 restringe las horas de prácticas extracurriculares (las que concentran la bolsa de precariedad, al no formar parte del plan de estudios) a un máximo de 480 horas. Es decir, 60 días a ocho horas por jornada, la mitad que hasta ahora. Asimismo, el estatuto no fuerza a las empresas a retribuir a los becarios, pero sí establece la obligatoriedad de compensar los gastos en los que incurran. Los estudiantes en prácticas tendrían derecho a que les abonen los gastos de transporte o manutención. Justo este último punto es uno de los que más rechazo despierta entre los rectores, a los que la parte socialista del Gobierno pide escuchar.
“La cotización de las prácticas ha sido la prueba piloto que nos ha demostrado que nuestro tejido productivo no va a pagar ni un euro por las prácticas no remuneradas. Y la compensación de gastos sería un coste aún mayor. Hay cientos de miles de prácticas al año, las universidades no podemos asumir eso también. Están en peligro”, protesta Peña. El otro punto que menos le convence del Estatuto del Becario, con su redactado actual, es que se queda “corto” en la cantidad de prácticas que permite, lo que repercute especialmente, opina Peña, en carreras como medicina o magisterio. “Pedimos reunirnos con el Ministerio de Trabajo antes de que el texto saliese a información pública, pero no nos han llamado”, protesta Peña, cuya organización dejará clara su posición en las alegaciones, que se pueden presentar hasta el 3 de enero. “Hay mucha inquietud, mucha preocupación. Estamos de acuerdo en buena parte del texto, en diferenciar lo académico de lo laboral y dar más seguridad a los estudiantes, pero no en medidas que pongan en riesgo las prácticas”.
“El Gobierno debe aprobar de una vez por todas el estatuto del becario”, finaliza Magaldi, esperanzado ante el trámite parlamentario: “Lo que hemos sondeado con los grupos ha sido positivo. Incluso en el PP no hemos visto un rechazo absoluto a la norma”. En la misma línea, Muñoz recuerda que el proyecto con el que opera Trabajo “es el mismo que se pactó con los sindicatos” y resalta la “importancia” de sacar adelante la norma: “Con el estatuto mejoraremos muchísimo la situación de muchísimas personas”. “Otro asunto que debemos abordar”, finaliza Junyent, “es el desarrollo reglamentario del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, el contrato formativo. Falta que le demos un empujón”.