La celebración del día del Orgullo LGTBI ha supuesto este viernes un nuevo episodio del peaje pagado por el PP a cuenta de su relación con Vox. Algunos ayuntamientos y gobiernos autonómicos donde ambas formaciones gobiernan juntas, o en las que el PP depende del partido de Santiago Abascal, han optado por no lucir banderas arcoíris en favor del colectivo. Tras la connivencia mostrada por ambas formaciones para impulsar el revisionismo histórico bajo las llamadas “leyes de concordia”, Vox vuelve a arrastrar a los conservadores a una posición incómoda —e incluso contradictoria con la dirección de Génova— en un momento de tensión por el reparto de migrantes y por el pacto entre populares y socialistas para renovar Consejo General del Poder Judicial.
La línea del partido en clave nacional choca con las decisiones tomadas por los dirigentes territoriales del PP que dependan, en mayor o menor medida, de Vox. Mientras el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, compartía un mensaje en su cuenta de de X en el que mostraba su “compromiso con el respeto a todas las personas a ser y sentir lo que quieran y como quieran”, varios ayuntamientos o gobiernos autonómicos donde el PP y Vox gobiernan en coalición se han visto envueltos por la polémica durante toda la semana.
En Baleares, donde la popular Marga Prohens gobierna sin Vox pero cuya agenda legislativa está subyugada al apoyo de los ultras, el Parlamento balear ha vuelto a ser un foco de controversia después de que la pasada semana el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), rompiese la fotografía de tres víctimas del franquismo.
La sede parlamentaria de las islas ha amanecido este viernes con una bandera arcoíris para conmemorar el día del Orgullo, y la reacción de Vox ha sido inmediata. El grupo parlamentario del partido ultraderechista y el propio presidente del Parlamento han presentado ante los juzgados un recurso contra la decisión de colocarla, además de reclamar su retirada inmediata por considerar que incumple la ley. Este movimiento supone una grieta más en relación entre PP y Vox en Baleares, cuya salud es clave para la estabilidad del gobierno balear que encabeza Prohens.
La ausencia de bandera en el Ayuntamiento Valencia también ha desatado la polémica, sobre todo, después de que la alcaldesa María José Catalá (PP) argumentase el pasado miércoles que el consistorio no pone banderas LGTBI, como tampoco ocurre en los días internacionales de algunas enfermedades como el ELA, el cáncer o el Alzhéimer. Ante las críticas por esa comparación, Catalá aseguró que se había malinterpretado su intención, abogando por la neutralidad de las instituciones valencianas ante lo que es, según ella, una batalla social y no política. “La diversidad y la libertad para amar en esta ciudad no corresponde a nadie y hacemos mal los políticos cuando queremos patrimonializar banderas que ya no son de la política, sino de la sociedad”, explicaba.
Las palabras de Catalá, en cualquier caso, han marcado el pleno del Ayuntamiento de este viernes, que ha sido bronco. La oposición (Compromís y PSPV) ha acusado a Catalá de ser “homófoba” y ha cubierto sus bancadas con la bandera arcoíris, provocando la respuesta de Vox. El portavoz de la formación ultra en el Ayuntamiento, Juanma Badenas, ha asegurado que su formación solo apoya “unidades de convivencia naturales” y ha pedido la retirada de las “banderas que no corresponden a este lugar”. En esta ocasión, la alcaldesa ha determinado que no hay ninguna normativa aplicable para eliminar la bandera en esa parte del hemiciclo.
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Una situación similar se ha vivido en el Ayuntamiento de Toledo, donde los populares también gobiernan con Vox, y en el que también se decidió no colgar la bandera en el balcón por segundo año consecutivo. En señal de protesta, los concejales del PSOE colocaron una bandera arcoíris en su bancada este jueves, forzando al alcalde Carlos Velázquez Romo (PP) a solicitar a la policía que retirase la insignia y a retrasar el pleno hasta que no ha sido eliminada.
El PSOE ha optado por una estrategia similar en Castilla y León, primera comunidad autónoma donde Vox y PP alcanzaron un acuerdo de gobierno. Los socialistas han colgado la bandera arcoíris tanto en el Ayuntamiento de Valladolid como en las Cortes. Inmediatamente, el presidente del parlamento castellano y leonés, Carlos Pollán (Vox), requirió a los socialistas que retiren la bandera, acusando a la oposición de “infantilismo” y de convertir la política en un “espectáculo”.
Apoyo al colectivo en Extremadura
Extremadura ha sido la excepción de los gobiernos autonómicos donde Vox y PP comparten gobierno. Este viernes, la asamblea extremeña ha amanecido con la bandera arcoíris y la presidenta de la Junta, María Guardiola (PP), ha marcado su propio perfil respecto a sus socios al compartir este viernes una publicación en su cuenta de X en apoyo al colectivo LGTBI. “Sin miedos. Sin máscaras. Sin prejuicios. Porque todos merecemos sentirnos libres de ser quienes queramos ser. Hoy, y siempre, sacamos los colores por una Extremadura diversa y tolerante, sin odio, y con el respeto y la igualdad como pilares”, reflejaba el mensaje.
Madrid tampoco ha estado exenta de polémica. El Ayuntamiento no luce la bandera arcoíris desde que el alcalde José Luis Martínez Almeida (PP) sucediese a su predecesora, Manuela Carmena, aunque en esta ocasión, las críticas del colectivo se han centrado en el diseño de los carteles que cuelgan de las farolas y marquesinas de la ciudad con motivo del Orgullo de 2024. Ese cartel no hace mención alguna al colectivo LGTBI o sus reivindicaciones, ni tampoco la bandera arcoíris, sino una serie de elementos que estereotipan al colectivo, como tacones, preservativos, o copas. Almeida también vetó los conciertos del Orgullo Vallekano aludiendo al ruido y molestias que pudieran causar a los vecinos.
En el gobierno autonómico madrileño, las posturas de la presidenta Isabel Díaz Ayuso han supuesto un paso atrás en materia de derechos LGTBI, no solo respecto a sus rivales políticos, sino a su predecesora en la Puerta del Sol, Cristina Cifuentes. El pasado mes de diciembre, el Ejecutivo de Ayuso modificó la ley trans regional aprobada en 2016 por Cifuentes, obligando a los menores transexuales a pasar por un examen médico y por un acompañamiento psicológico durante su proceso de transición, además de eliminar los contenidos relativos a las personas trans en los currículos educativos.
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