El Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo de bancarrota de Purdue Pharma, la farmacéutica que, con su agresiva comercialización del analgésico OxyContin, se convirtió en el principal causante de la peor crisis de salud pública de Estados Unidos entre el sida y la pandemia, la crisis de los opioides. El pacto que alcanzó en los procedimientos de quiebra implicaba que los Sackler, que controlaban la empresa, aportasen hasta 6.000 millones de dólares (unos 5.600 millones de euros) para la reestructuración de la empresa, pero al tiempo blindaba de responsabilidad frente a posibles reclamaciones a la familia, que controlaba la compañía y recibió jugosos dividendos. La Administración de Joe Biden impugnó el acuerdo y el Supremo le da ahora la razón.
Los Sackler se quedan sin el blindaje frente a potenciales demandas que deseaban, pero al tiempo, las víctimas y los Estados que esperaban las indemnizaciones, se quedan sin ellas. La sentencia, redactada por Neil Gorsuch, señala que “nada en la ley actual autoriza el descargo de responsabilidad de Sackler”. La decisión se ha tomado por cinco votos a cuatro, con el rechazo de las tres juezas progresistas (Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) y de Brett Kavanaugh, que redacta el voto particular. “Las víctimas de opioides y otras futuras víctimas de agravios masivos sufrirán mucho a raíz de la desafortunada y desestabilizadora decisión de hoy”, escribe Kavanaugh.
Durante la vista oral de diciembre en que las partes presentaron los alegatos, los jueces ya se mostraron divididos sobre la validez del acuerdo. “¿Por qué deberían obtener la exoneración que suele corresponder a una persona en quiebra una vez que ha puesto todos sus bienes sobre la mesa, sin haber puesto todos sus bienes sobre la mesa?”, preguntó la jueza progresista Elena Kagan al abogado de Purdue.
El plan de quiebra quedó suspendido a la espera de la decisión del Supremo. El Departamento de Justicia consideraba que un acuerdo de bancarrota de una empresa (en este caso Purdue Pharma) no puede conceder inmunidad a una tercera parte (la familia Sackler) que en puridad no era parte del proceso concursal. Los Sackler, sin embargo, se habían comprometido a aportar esos 6.000 millones de dólares y a renunciar a la propiedad de la empresa, que saldría de la quiebra como una entidad diferente, Knoa Pharma.
La nueva firma desarrollaría y distribuiría tratamientos contra la adicción a los opiáceos y medicamentos para revertir las sobredosis, al tiempo que seguiría fabricando los productos de Purdue Pharma, incluido OxyContin. Sus beneficios se destinarían al tratamiento y la prevención. La cuestión era que si se eliminaba ese blindaje, peligraba el acuerdo en su conjunto y, con ello, unas indemnizaciones por las que los demandantes llevan años peleando.
El fármaco de la empresa con sede en Stamford (Connecticut), usado como remedio para dolores no crónicos, enganchó a cientos de miles de estadounidenses, y ha causado más de 500.000 muertes en dos décadas. Para muchos adictos, el consumo de OxyContin fue la puerta de entrada al fentanilo, una droga sintética 50 veces más potente que la morfina y que también se ha convertido en una epidemia por todo Estados Unidos.
Purdue Pharma se declaró en bancarrota en 2019 para hacer frente a sus deudas, derivadas de miles de demandas. El acuerdo de reestructuración de la empresa fue aprobado en 2021, con la previsión de aportar en principio 10.000 millones de dólares a Estados, municipios, centros de tratamiento y recuperación de adicciones, hospitales, supervivientes y familiares de los fallecidos, entre otros afectados. El Gobierno de Biden y ocho Estados impugnaron el acuerdo. Estos últimos accedieron a retirarse tras aceptar los Sackler contribuir con más dinero al fondo de compensación. El tribunal de apelaciones dio por bueno el pacto admitiendo el blindaje con el argumento de que las reclamaciones contra Purdue Pharma y contra los Sackler estaban tan vinculadas entre sí que si se impedía esa inmunidad, no sería posible el pacto. El Departamento de Justicia impugnó esa decisión ante el Supremo.
La procuradora general, Elizabeth Prelogar, argumentaba que el acuerdo concedía a los Sackler y una serie de otras personas y entidades —que no se han acogido a la protección por quiebra— una “exención de responsabilidad de una amplitud excepcional y sin precedentes”. Esa liberación absoluta, incondicional, irrevocable, plena y definitiva exoneraba a los Sackler de cualquier tipo de demanda civil relacionada con los opioides, incluso demandas basadas en fraude y otras formas de mala conducta intencionada.
En paralelo, Purdue Pharma aceptó en un acuerdo con el Departamento de Justicia el pago de un total de 8.300 millones de dólares en concepto de multas, daño civil e indemnizaciones, la mayor sanción impuesta a una empresa farmacéutica. Sin embargo, la propia declaración de bancarrota de la empresa complicaba que se hicieran efectivos esos pagos.
Numerosas compañías farmacéuticas han llegado a acuerdos para pagar indemnizaciones que suman decenas de miles de millones de dólares por la crisis de los opioides. Ha habido asunciones de responsabilidad tanto por fabricantes de medicamentos como por cadenas que los comercializaban y dispensaban. Sin embargo, el caso de Purdue Pharma y de los Sackler está en el epicentro de la crisis sanitaria.
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